tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 11 de febrero de 2015

La justicia anula la ampliación del estadio Santiago Bernabéu

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada por el Ayuntamiento de Madrid y refrendado por la Comunidad (ambos, en manos del Partido Popular) el 15 de noviembre de 2012, que posibilitaba la ampliación del estadio Santiago Bernabéu mediante un intercambio de parcelas entre el Real Madrid y el gobierno local.
La sentencia, comunicada este martes al Ayuntamiento y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, es recurrible ante el Tribunal Supremo pero, en principio, envía al limbo el proyecto diseñado por el presidente del club, Florentino Pérez, para ampliar el estadio y construir un complejo comercial y hotelero en la fachada que linda con el paseo de la Castellana.
La historia se remonta a 1991, cuando el Real Madrid acordó con el Ayuntamiento construir un aparcamiento junto al estadio. No lo llegó a hacer, y pasó así a deber al gobierno local 2,8 millones de euros. En 1998, en otra operación diferente, el club pactó un canje de terrenos con el Ayuntamiento: le cedió una parcela en la antigua Ciudad Deportiva (valorada en 13,5 millones) y recibió cuatro terrenos en la calle de Julián Camarillo (13 millones) y otro en Las Tablas (488.000 euros). Sin embargo, el traspaso de este último no llegó a cerrarse porque su uso deportivo público impedía la cesión. El Ayuntamiento y el club firmaron un convenio el 29 de julio de 2011 para atar todos estos cabos sueltos, pero para entonces la finca de Las Tablas ya estaba tasada en 22,7 millones de euros.
Para compensar ese aumento de valor, el Ayuntamiento entregó al club cuatro terrenos en la calle de Mercedes Arteaga (valorados en 4,4 millones); una finca en Valdebebas (8,7 millones); y una franja de tres metros de ancho alrededor del Santiago Bernabéu, donde ya se levantaban los pilares y contrafuertes del estadio (6,9 millones). Los 2,8 millones que faltaban para cuadrar las cuentas son los que corresponden a la deuda de 1991 por aquel aparcamiento.
Ese convenio de 2011 fue recurrido ante la justicia, y además es objeto de una investigación de la Comisión Europea, que entiende que pudo tratarse de una ayuda pública del Ayuntamiento al club.
Los magistrados creen que el proyecto vulnera la ley del suelo
En noviembre de 2011, cuatro meses después de firmarse el convenio, el Ayuntamiento aprobó el plan urbanístico que permitía al club cubrir su estadio, construir un centro comercial de 12.250 metros cuadrados en la fachada de la Castellana, y hacer un aparcamiento de 600 plazas. A cambio, el Real Madrid se comprometía a convertir el actual centro comercial de La Esquina, entre las calles de Concha Espina y Padre Damián, en un parque público; y a ceder cuatro parcelas en la calle de Mercedes Arteaga al Ayuntamiento, precisamente las cuatro que recibió en virtud del convenio anterior. Además, debía pagar 6,6 millones en metálico.
El recurso planteado al tribunal aportaba cuatro motivos para anular el plan urbanístico del Ayuntamiento, pero a los magistrados les ha bastado con el primero y ni siquiera han entrado a valorar el resto. Han aceptado que se ha producido una vulneración de la Ley regional del Suelo y en las normas del propio Plan General de Ordenación Urbana, entre otras razones porque la operación comprende parcelas alejadas en más de siete kilómetros entre sí (en el paseo de la Castellana y en el distrito de Carabanchel. No son por tanto áreas homogéneas, según el tribunal, y la edificabilidad en una zona no puede compensarse en otra distante.

Malestar en Hacienda con Montoro por el uso político de datos fiscales

La filtración de los datos fiscales de Juan Carlos Monedero, número tres de Podemos, y la utilización política que de ellos ha hecho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha generado cierto malestar en la Agencia Tributaria. El uso de esta información por parte del ministro se suma a otros episodios en los que ha aireado problemas tributarios de personajes como Luis Bárcenas o Jordi Pujol o amenazado a políticos rivalesmedios de comunicación,actores o deportistas por su situación fiscal cuando la difusión de datos tributarios está prohibida. Tanto los inspectores como los técnicos del ministerio, tradicionalmente enfrentados por cuestiones laborales, coinciden ahora en cuestionar esas filtraciones.
El ministro ha criticado en varias ocasiones a Monedero desde que hace 15 días EL PAÍS publicó que este facturó durante 2013 425.000 euros por trabajos académicos para implantar una moneda común y desarrollar la unidad financiera en Latinoamérica de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Lo hizo a través de una empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones, en vez de facturarlo él mismo, porque hubiera tenido que pagar más al fisco.
Tras conocerse la noticia, el ministro calificó de "deplorable" la fórmula elegida por Monedero para declarar a Hacienda y añadió: "Si uno tiene una retribución personal no la puede esconder en una sociedad". Al tiempo, adelantó que la Agencia Tributaria actuaría de oficio. Dos días después, el 29 de enero, el cofundador y responsable del programa de Podemos pagó a Hacienda más de 200.000 euros por IRPF para evitar una posible sanción fiscal.

Filtraciones

Los técnicos de Hacienda expresan su indignación. "El ministro lleva mucho tiempo filtrando datos y alertando de determinados comportamientos, una actitud que bordea la ley", apunta Carlos Cruzado, presidente de la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha). Este recuerda que el artículo 95 de la Ley General Tributaria establece "el carácter reservado de los datos fiscales". Cruzado añade: "Parece que se está utilizando la información fiscal con fines partidistas".

Las frases

- El ministro se ha pronunciado sobre la situación fiscal de contribuyentes concretos a pesar de que la Ley General Tributaria establece el deber de sigilo: aunque estos datos salgan publicados no debe referirse a ellos. Además, ha aprovechado la información fiscal para lanzar amenazas veladas a sus rivales. Algunas de las frases más sonadas son:
- Contra los medios críticos: "Veo continuamente reportajes que tratan de relacionar mi persona con un pasado que no es presente y que no tienen ningún sentido. Los veo en determinados medios de comunicación que, por cierto, tienen bastantes problemas económicos, que me los cuentan a mí. Vienen al despacho a contármelos. Cómo no voy a conocerlos". El ministro prosiguió: "¿No puedo decir en público que los medios de comunicación tienen una gran deuda con la Agencia Tributaria? Claro que puedo. No me gustará, pero es así".
- Sobre los tertulianos: "Entiendo que haya tertulianos a los que no les guste que se advierta sobre la necesidad de pagar fielmente los impuestos, ya que los creadores de opinión también pueden tener problemas con la Agencia Tributaria. Yo comprendo que muchas veces los creadores de opinión tienen problemas con la Hacienda Pública, pero no lo admito".
Los inspectores de Hacienda, los más altos funcionarios del ente público, también manifiestan su malestar. Consideran que la publicidad de los datos tributarios, de carácter privado, y su difusión por parte de las autoridades puede frustrar sus actuaciones de control. "No nos gustan este tipo de filtraciones porque el efecto que produce es que el defraudador regulariza y se entorpece la actuación administrativa de control", señala Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE).
Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director general de la Agencia Tributaria, manifestó la semana pasada en una entrevista: "Es atípico que se hayan conocido los datos tributarios vinculados a un contribuyente, ya que está prohibido por ley que los funcionarios lo difundan". Otros inspectores consultados respaldan esta posición. Consideran que el ministro bordea la norma que prohíbe expresamente la difusión de la información fiscal. "Esta forma de actuar del ministro es un desastre para la imagen de la Agencia Tributaria", manifiesta uno de los actuarios, que recuerda que ya existen precedentes. Y rememora cuando el ministro alertó de que la Agencia actuaría contra los titulares de las tarjetas black de Bankia y permitió que algunos se adelantaran y regularizaran, al igual que hizo Monedero. Algo parecido ocurrió con Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat, quien también presentó una declaración complementaria para ponerse al día con Hacienda tras filtrarse su situación tributaria. "El problema es que no es una moda, es que está convencido de que está haciendo lo correcto", agrega un inspector. Otro, por su lado, admite respecto a cómo se realizan las actuaciones de control: "Las cosas siempre salen como quiere el jefe". Este funcionario no cree que la filtración proceda del ministro, pero sentencia: "Han querido utilizar políticamente esos datos fiscales".
Desde Hacienda rechazan tales acusaciones. Niegan que estén filtrando datos pese a las acusaciones de Podemos.
Cruzado recuerda que cuando estalló el caso Cemex —que provocó una polvareda en Hacienda tras el cese de una funcionaria que trató de poner una multa millonaria a esta cementera— el ministro ordenó depurar responsabilidades. "Entonces se buscó de donde procedía la filtración y ahora no", concluye.

Las amenazas del ministro a sus críticos

A lo largo de la legislatura no son pocos los episodios en los que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha lanzado advertencias envenenadas a sus rivales políticos o a sectores críticos. Les ha recordado de forma sibilina que tienen cuentas pendientes con la Agencia Tributaria, desvelando una información que tiene carácter reservado. Esta misma semana, tras conocerse las identidades de los integrantes de la lista Falciani —la relación de clientes de la filial suiza del banco HSBC con cuentas opacas— lanzó: "Todo lo que está apareciendo es de la legislatura anterior, y, si les parece interesante, pues imagínense lo que hay ahora después de lo que se ha hecho en esta legislatura; lo que están viendo es como el aperitivo de lo que está en los ordenadores de la Agencia Tributaria", dijo tras haber aprobado en 2012 una amnistía fiscal que permitió a los defraudadores blanquear el dinero negro pagando una cantidad mínima.
Uno de los casos más sonados fue cuando a principios de la legislatura acusó a medios de comunicación críticos de no pagar al fisco. "En vez de dar tantas lecciones de ética a través de editoriales lo que tienen que hacer es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes", señaló en el Congreso. También trató de amedrentar a los actores en medio de las críticas por la subida del IVA del cine: "Alguno de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España".
Durante un encendido debate parlamentario, el ministro insinuó que algunos diputados del PSOE no pagan impuestos. "Lo deberían entender todos los adversarios políticos y todos los grupos donde fielmente deberían pagar también sus impuestos, porque todos tenemos que pagar fielmente los impuestos". También trató de amedrentar al grupo de IU. Tras publicarse que la delegación de la coalición de izquierdas en Madrid tenía una deuda con el fisco, el ministro pronunció en el Parlamento: "No estoy teorizando. No estoy lanzando veladas amenazas. Estoy diciéndole a la sociedad que hay grupos políticos que no pagan fielmente los impuestos que deberían pagar". El ministro, como presidente de la Agencia Tributaria, tiene el deber de sigilo y no puede aludir a situaciones fiscales aunque hayan sido publicadas.