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domingo, 18 de enero de 2015

Cuba-Venezuela: ¿quién subsidia a quién?



Rolando Astarita escribe una serie de artículos sobre Cuba parte de cuyo contenido comparto y otra no lo hago en lo absoluto. Estoy trabajando en un artículo de fondo sobre el tema que tal vez publique pronto. De todas formas, y a cuenta de mayor cantidad creo imprescindible aclarar un mito básico sobre la economía cubana de hoy y sobre su relación con Venezuela.Como no conozco la cantidad de profesionales cubanos de otras ramas que prestan servicio en Venezuela, y no sólo en las áreas militar y de seguridad como afirma Astarita, sino también, por lo menos en la de la educación me limito en estos cálculos aproximativos y preliminares al área que es, hasta donde yo se, más conocida.
Afirma Astarita:
En lo que respecto al subsidio de Venezuela, consiste en la entrega de 100.000 barriles diarios de petróleo con financiamiento muy ventajoso: Cuba paga a los 90 días el 50% y el otro 50% a 25 años, con dos de gracia y una tasa de interés del 1%.
A cambio, la isla envía médicos (según 
Granma, habría unos 30.000 médicos cubanos en Venezuela), y también personal de seguridad y militar. Sin embargo, la venta de estos “servicios” no refleja los costos reales, ya que su precio está atado al precio del petróleo. Según The Economist, en 2012, y contabilizando 115.000 barriles diarios enviados a Cuba, el subsidio rondaría los 3500 millones de dólares anuales; algunos economistas elevan esa cifra hasta 8000 o 9000 millones, lo que equivaldría al 20% del PBI de la isla. Los montos son difíciles de calcular, debido a la falta de información; pero se reconoce, incluso oficialmente, que el corte de ese flujo podría ser un golpe muy duro para Cuba”.

Hagamos, pues, algunos números basándonos en los datos que él suministra:
1) ¿cuánto vale el trabajo de un médico de cualquier país en Venezuela? Partimos de la base de que los profesionales locales no están dispuestos a trabajar en los lugares y condiciones (barrios pobres, dedicación total) que son necesarias para mejorar la situación sanitaria de la clase obrera venezolana. Si comparamos con lo que informa un sitio especializado en el robo de trabajadores médicos cubanos acerca del ingreso de los médicos en EEUU éste asciende, para los “médicos de familia” a 211.083 dólares anuales. Por supuesto esto no significa que un médico yanki estuviera dispuesto a ir a trabajar a un barrio pobre (y violento) en Venezuela por esa plata.
Comparando lo que le costarían a Venezuela 30.000 médicos con ese ingreso, con el petróleo que ésta le vende anualmente a Cuba (tomando como base el dato de 100.000 barriles diarios al precio de la canasta petrolera venezolana, 95 dólares el barril, que predominó en 2014 y sin considerar la reciente caída abrupta de dichos precios) el resultado es que Cuba, SUBSIDIARÍA A VENEZUELA POR UNA CIFRA DEL ORDEN DE 2.864.990.000 DÓLARES POR AÑO.
Claro, se puede argüir que el salario de los médicos de familia yankis (aclaremos, estamos hablando de los “más baratos” por especialidad, ya que un ginecólogo gana más de 312.000 dólares al año) no es un indicador fiable del “valor de mercado” del trabajo médico internacional. Por ejemplo, Brasil inició un programa para llevar médicos extranjeros a las zonas apartadas de su geografía para paliar el déficit de servicios en ellas. Ofreció pagar 4.000 dólares mensuales. Según la información que disponemos sólo consiguió médicos cubanos y muy pocos de países limítrofes. De Uruguay, en particular la oferta fue anecdótica, poquísimos colegas se ofrecieron.
¿Cuánto debería pagar Venezuela por médicos que cumplieran el trabajo que hacen los cubanos a “precios de mercado”? Es difícil saberlo con exactitud. Con la información que disponemos es improbable que dicho precio estuviera debajo de los 10.000 dólares anuales.
Si comparamos el valor de mercado del crudo que Venezuela suministra a Cuba antes de la caída de los precios de éste con el del trabajo de los médicos surge un “precio de equilibrio” para éste: 115.000 dólares anuales o 9.600 mensuales.
Como dudamos que Venezuela pudiera conseguir 30.000 médicos a un precio inferior a éste nos permitimos concluir que con muy alto grado de certeza se puede afirmar que VENEZUELA NO ESTÁ SUBSIDIANDO A CUBA A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PETRÓLEO A CAMBIO DE TRABAJO MÉDICO.
Por supuesto, esto no significa negar que esta particular relación económica (vale la pena recalcar que hace ya muchos años que Cuba vende servicios médicos a países petroleros, recordamos Irak y Libia ya en la década de los 70) tenga mucha relevancia para la economía cubana y que la pérdida de ese mercado, al igual que la pérdida de cualquier mercado grande de exportación para cualquier país del mundo implicaría un golpe a su economía.
Resta por último resaltar la importancia económica, social y política de la decisión de la dirección de la Revolución Cubana hacia mediados de los 70 de transformar al país en lo que Fidel llamó “una potencia médica mundial”. Esta decisión de política, únicamente posible en un país de economía planificada y socialista, rompió los moldes y esquemas del desarrollo económico orientado a la producción de bienes, especialmente en el área de la industria pesada y particularmente militar vigente en el pensamiento del campo socialista. De esta heterodoxia notable de la política económica cubana se habla poco y nada y se tiende a afirmar que Cuba fue una especie de copiadora del “esquema soviético”.
De la misma forma, y ya que hablamos de “subsidios” habría que contextualizar los supuestamente recibidos por Cuba de la URSS. En aquella época ambas partes se referían al fenómeno como “intercambio justo”. ¿porqué? Pues precisamente porque dejaba de lado los precios injustos del mercado mundial de petróleo y azúcar y establecía el intercambio sobre la base de la ley del valor. O sea el costo de producción o tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlos. Quienes, por tanto, su suman a la teoría del “subsidio” están respaldando el sistema imperialista de fijación de precios de los productos que se transan en el mercado mundial. En el intercambio de Cuba con el consejo de ayuda mutua económica (asociación económica de los países del socialismo real) hubo seguramente situaciones de subsidio. En primer lugar, hasta donde yo se, las armas de la URSS Cuba las recibió en forma gratuita. Pero utilizar las teorías de “subsidio” para minusvalorar los reales y efectivos logros de la economía cubana es un recurso, siendo generosos, erróneo.
Veo, en general, en los análisis sobre la política y la economía de Cuba que han proliferado a raíz de los recientes anuncios acerca de las relaciones con EEUU un elevado nivel de ignorancia de la realidad y esto referido, por supuesto a aquellos en que no cabe inferir una clara intención contra revolucionaria. Los que así escriben harían bien en informarse mejor.

Fin de las prospecciones en Canarias por no ser rentables



Ben Magec – Ecologistas en Acción considera que la retirada de Repsol es sin duda una buena noticia social, económica y ambiental para Canarias que además pone en evidencia la necesidad inaplazable de apostar por un nuevo modelo energético frente a un recurso cada vez más escaso y de consecuencias tan nefastas para el medio ambiente.“Lamentablemente, este Gobierno no ha tenido altura de miras suficiente como para apostar de entrada por un modelo energético perdurable basado en energías limpias y renovables, y tendrá que rendirse a la evidencia de que los hidrocarburos son una opción caduca. Cada vez es más complicado y caro encontrar nuevas reservas. En el caso de Canarias, la compañía petrolera ha invertido millones de euros en perforar en aguas ultraprofundas, y éste es sólo uno más de los yacimientos que, una vez prospectados, deben abandonarse. Además, aunque el petróleo hallado hubiera sido rentable, atendiendo a los informes técnicos, si quisiéramos paliar las temibles consecuencias del Cambio Climático deberíamos dejar en su lugar buena parte de las reservas conocidas a día de hoy, lo que supone dejar de prospectar en busca de nuevos yacimientos [1]”. Añaden que “la conclusión es diáfana y nos invita a abandonar de una vez la cultura del petróleo”.
Ben Magec – Ecologistas en Acción recuerda que este Gobierno ha apostado tercamente por los hidrocarburos, todo lo contrario que ha hecho con las energías limpias, a las que ha puesto freno. “Y lo ha hecho desoyendo la voz de los expertos y la de un pueblo que expresó su rechazo a las prospecciones reiteradamente y a través de todas las vías posibles, con numerosos apoyos . Es por eso por lo que, aunque finalmente no podamos aún evaluar con certeza los daños ambientales que puedan haber ocasionado hasta hoy, sí podemos hablar de un daño profundo a la democracia y a la dignidad de Canarias, que difícilmente será redimido”. Añaden que “exigimos que, por fin, el Gobierno del Partido Popular ponga fin a esta triste aventura, cierre definitivamente el expediente de Repsol y anule definitivamente los permisos de prospección y explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a Canarias”.
En este sentido, la Federación ecologista anuncia que estudiará las consecuencias de esta decisión con cautela y que, con el fin de suprimir definitivamente cualquier amenaza futura, exige el reconocimiento del valor ecológico y la protección definitiva de estas aguas.
Finalmente advierten de que es preciso continuar con la lucha contra un modelo energético que está suponiendo una amenaza y un expolio en otros tantos territorios, muchos de los cuales se sitúan en la misma zona de la franja costera africana, y que por tanto goza de las mismas características ecológicas que las aguas cercanas a Canarias. “No olvidemos que, por ejemplo, a pocos kilómetros de Canarias, las compañías petroleras SeaBird Exploration Pc y Kosmos Energy están actuando en aguas saharauis, vulnerando el derecho internacional y además, suponiendo una amenaza similar a la de las prospecciones en Canarias”.
“Por todo el Estado se están sucediendo luchas como la nuestra, y fuera de él hay pueblos enteros expoliados por culpa de empresas petroleras. Por ello no es una buena noticia que Repsol se vaya a explorar en aguas de Angola”, concluyen.
Nota

[1] Según el informe publicado en la revista Nature, resultado de un análisis realizado en el Instituto de Recursos Sostenibles del University College London, para limitar a dos grados el aumento de las temperaturas debidas al Cambio Climático, se debería renunciar a la explotación de una tercera parte de las reservas conocidas de petróleo, la mitad de las de gas natural y más del 80% de las de carbón.

Flagelación de bloguero saudita es tortura, denuncia la ONU

ipsnoticias.net


Los 10 años de cárcel y los mil azotes a los que condenó el régimen conservador y autoritario de Arabia Saudita a un bloguero y activista provocaron la condena internacional y revelan la impotencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante este tipo de casos.
Raif Badawi fue condenado por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión en la página de Internet llamada Free Saudi Liberals (Liberar a los Liberales Sauditas). La condena también incluye una multa de un millón de riales, equivalentes a 266.000 dólares.
"Los azotes y la condena de 10 años son testimonio de los extremos a los que llegan las autoridades sauditas con el fin de aplastar la disidencia": Sevag Kechichian.La crítica más fuerte surgió el jueves 15 del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein. “La flagelación es, en mi opinión, por lo menos, una forma de castigo cruel e inhumano”, afirmó el exembajador de Jordania ante la ONU.
“Este tipo de castigo está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos, en particular por la Convención contra la Tortura, que Arabia Saudita ratificó”, explicó.
Los analistas coinciden en que la decisión de Arabia Saudita es una burla a la convención internacional, de la misma forma que lo son otros abusos, como la tortura que las agencias de inteligencia de Estados Unidos practican contra los sospechosos de terrorismo.
La ONU es impotente en estos casos y no puede sancionar a los países infractores porque los Estados miembros tienen la última palabra, salvo cuando los sanciona el Consejo de Seguridad, el único órgano del foro mundial capaz de adoptar resoluciones obligatorias.
Badawi recibió los primeros 50 latigazos el viernes 9 y recibirá 50 más cada viernes, el día de reposo santo para los musulmanes, hasta cumplir los 1.000 azotes de su condena.
Según Amnistía Internacional, la flagelación prevista para este viernes 16 se aplazó por motivos médicos, ya que Badawi aún no se recuperó de los azotes del día 9.
“Badawi es un preso de conciencia. Solamente trataba de defender su derecho a la libertad de expresión y por eso se lo está castigando de una manera horrorosa”, afirmó Sevag Kechichian, investigadora de Amnistía Internacional Arabia Saudita, en diálogo con IPS.
“Los azotes y la condena de 10 años son testimonio de los extremos a los que llegan las autoridades sauditas con el fin de aplastar la disidencia”, subrayó.
En lugar de continuar con los latigazos, las autoridades sauditas deben tomar en cuenta la indignación internacional por su caso y ordenar la libertad inmediata e incondicional de Badawi, exhortó la activista.
Kechichian recordó que Arabia Saudita había calificado de “cobarde” el atentado del 7 de enero contra el semanario francés Charlie Hebdo en París.
Al día siguiente las autoridades sauditas “azotaron a Raif Badawi por ejercer su derecho a la libre expresión. Debemos denunciar esta hipocresía. Necesitamos avergonzarlos para que tomen medidas, ya”, expresó.
Adam Coogle, investigador de la organización de derechos humanos Human Rights Watch dijo a IPS que la declaración de ACNUDH califica correctamente a la flagelación de tortura y pide a Arabia Saudita que erradique la práctica.
“Recibimos con beneplácito el comunicado de prensa de ACNUDH, pero les pedimos” a Zeid “y a la ONU que sigan vigilando y criticando públicamente a Arabia Saudita cuando imponga castigos severos y draconianos contra los activistas y disidentes pacíficos”, agregó.
En lo que se consideró una “reprimenda diplomática poco común”, Estados Unidos criticó a Arabia Saudita, uno de sus aliados más cercanos en Medio Oriente e instó al gobierno a revocar la sentencia y revisar el caso.
Washington se opone con firmeza a las leyes que limitan la libertad de expresión y de cultos, como las leyes de apostasía, e insta a todos los países que defiendan esos derechos en la práctica, declaró el 8 de enero la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki, a los periodistas.
Javier El Hage, abogado de la no gubernamental Fundación de Derechos Humanos, con sede en Nueva York, dijo a IPS que el gobierno de Arabia Saudita se burla de las obligaciones asumidas por ese país en virtud de la Convención contra la Tortura.
“El Comité de la ONU contra la Tortura debe solicitar al gobierno de Arabia Saudita que cese inmediatamente los azotes al Sr. Badawi, ya que ese tipo de castigo constituye una clara violación de las obligaciones contraídas” por Riad, añadió.
El artículo 20 de la convención faculta al Comité de la ONU contra la Tortura a realizar “investigaciones de oficio si recibe información fiable que parezca indicar de forma fundamentada que la tortura se practica sistemáticamente en el territorio de un Estado parte”, explicó.
Aunque el Comité no tienen el poder coercitivo para obligar a Arabia Saudita a detener los azotes, como sucede con la mayoría de las obligaciones del derecho internacional, sí puede informar sobre el tema, condenar al país y emitir recomendaciones, aseguró.
En un comunicado difundido el jueves 15, Zeid apeló al rey de Arabia Saudita para que detenga el castigo público y perdone a Badawi, y también para que reconsidere con urgencia este tipo de penas, extraordinariamente severas.
El caso de Badawi es uno más en una serie de juicios contra activistas de la sociedad civil, según el comunicado.
El lunes 12, un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia contra el abogado y cuñado de Badawi, Waleed Abu Al-Khair Badawi, por ofender a la judicatura y fundar una organización sin permiso y amplió la condena de 10 a 15 años de prisión.
El Comité de la ONU contra la Tortura expresó en reiteradas ocasiones su preocupación por la práctica de los azotes de parte de los Estados y solicitó su erradicación.
En 2016 el organismo examinará la aplicación de la Convención contra la Tortura de parte de Arabia Saudita.

La Audiencia Nacional niega justicia a víctimas españolas de los campos nazis

Público.es


La Audiencia Nacional de España ha echado un candado de impunidad ante los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos por el nazismo contra el exterminio de miles de españoles que perdieron la vida en los campos de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg entre 1942 y 1945. La causa era, además, la puerta de atrás para juzgar el franquismo.
Cinco supervivientes y familiares de víctimas españolas interpusieron en 2008 la querella con el fin de juzgar a cinco nazis de las SS que localizaron en Estados Unidos y cuyos nombres figuran en el Libro de Muertos del campo de Mathausen y que los nazis no consiguieron destruir. También aportaron el censo de los españoles exterminados.
Estados Unidos retiró la nacionalidad de todos ellos, sobre los que pesaba una orden de detención internacional dictada a instancia del juez instructor, Ismael Moreno, del Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido así sobreseer el caso en que el estaban procesados, y bajo órdenes de detención internacional, Johann Leprich, Anton Tittjung y Josias Kumpf, supuestos miembros de la organización SS Totenkopf-Sturmbann (“Batallón de la Calavera”). Dos de los nazis fallecieron.
El auto de procesamiento estaba casi listo, pero las Cortes Generales, a instancia del PP, optaron por limitar la justicia universal de tal manera que, ahora, la Audiencia Nacional ha archivado el caso a pesar de ser crímenes de lesa humanidad cometido contra españoles.
El argumento es que estos crímenes no se cometieron en España. El auto de archivo de la causa tiene fecha de 15 de diciembre de 2014 pero se ha conocido este jueves, casi un mes después.
Sobre los cinco SS pesan pruebas indubitables de haber formado parte del Batallón de la Calavera nazi (Batallón SS-Tontenkopf) en los 23 campos de concentración de Mathausen (Austria), especializados en el exterminio de presos políticos como los españoles, así como de Sachsenhausen (al norte de Berlín) y Flossenbürg (cerca de Weiden, también el Alemania).
La Audiencia Nacional archiva la causa porque “no se sigue contra ningún español, ni contra un extranjero que resida habitualmente en España, ni contra un extranjero que se encontrase en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas ni, en lo que al delito de tortura se refiere, aún cuando en los hecho del presiente procedimiento hubo víctimas españolas, se encuentra en territorio español ninguno de los procesados”.
La Fiscalía apoyaba el archivo del caso, pero defendía que la Audiencia Nacional planteara una cuestión de inconstitucionalidad porque la reforma, de marzo de 2014, podría vulnerar el principio de igualdad entre españoles. Esta posición la apoyaban algunos magistrados de la Audiencia Nacional discrepantes del criterio común del pleno.
El Pleno de la Sala de lo Penal afirma que “no se alcanza a vislumbrar precepto constitucional alguno que, por su observancia y aplicación, pueda resultar infringido” por la reforma.
El cambio legislativo no supone, añade, “ataque alguno ni invasión por otro poder del Estado al poder judicial” y tampoco vulnera el principio de igualdad ni el de tutela judicial efectiva respecto a las víctimas españolas, sostiene el auto.
La decisión fue adoptada por la mayoría de los 17 magistrados de la Sala de lo Penal, aunque cuenta con los votos particulares y contrarios de cinco magistrados de tendencia progresista: Antonio Díaz Delgado, Clara Bayarri, José Ricardo de Prada, Ramón Sáez Valcárcel y José Ricardo de Prada.
José Ramón Sáez y José Ricardo de Prada defienden que España tiene la obligación de investigar y perseguir los crímenes de genocidio, contra la humanidad y crímenes de guerra y que el derecho internacional está por encima del interno.
Por su parte, Antonio Díaz Delgado, Clara Bayarri y Ricardo de Prada defendían recurrir al Constitucional porque este archivo supone vulnerar el principio de igualdad entre los españoles. En concreto, implica negar la justicia a víctimas españolas de delitos de lesa humanidad, lo que podría suponer un agravio respecto a otras víctimas de delitos graves, como el terrorismo, la desaparición forzada o la trata, para los que sí se administra justicia en atención a la nacionalidad de la víctima.
Por ello, consideran que la sala debió plantear al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre si la reforma viola el derecho a la tutela judicial efectiva para evitar la “discriminación” que padecen las víctimas de esos delitos. El exterminio de las víctimas españolas no ha sido investigado en Alemania, Austria, ni en los países de origen de los procesados
Bayarri estima además que el archivo de este caso supone “una cláusula de impunidad” porque el exterminio de las víctimas españolas no ha sido investigado en Alemania, Austria ni en los países de origen de ninguno de los procesados.
Los querellantes alegaron en contra del archivo que la reforma vulnera el principio constitucional de que ninguna norma nacional puede infringe los tratados y convenios internacionales firmados por España.
Sin embargo, el pleno asegura que la reforma no vulnera el Convenio de Viena sobre aplicación de los tratados, ni tampoco el “Convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio” o los convenios de Ginebra sobre crímenes de guerra.
En el caso del genocidio, recuerda que el convenio recoge que los firmantes se comprometen a prevenir y sancionar el delito, no a perseguirlo, y los acusados deben ser juzgados por un tribunal del Estado en cuyo territorio se cometió el acto o por la corte internacional competente.
Era un ‘caballo de Troya’La querella interpuesta respondía a una estrategia de las víctimas de los campos nazis y del franquismo para abrir la competencia de los tribunales españoles a los delitos de lesa humanidad cometidos contra sus nacionales durante la II Guerra Mundial y, después, amparar con esta jurisprudencia los delitos del franquismo ya que España formó parte del Eje alemán.
La estrategia jurídica había sido diseñada por el Equipo Nízkor, un lobby de derechos humanos internacional fundado tras el proceso de Nuremberg y que ha estado detrás de casos famosos como el del militar argentino Adolfo Scilingo.
Esta estrategia provocó movimientos diplomáticos de Alemania, Estados Unidos y Francia. Las presiones internacionales, unida a la causa del Tibet que molestaba a China, desembocaron en la limitación de la justicia universal a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial entró en vigor el pasado 14 de marzo.
El caballo de Troya reside en que la querella de ‘caso Mathausen’ es la primera interpuesta en Europa a partir de la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 1945, en lugar del Derecho penal interno.
La mayoría de las víctimas españolas de Mathausen eran presos políticos, muchos de ellos republicanos que estaban combatiendo en la II Guerra Mundial y que fueron detenidos o deportados desde Francia.
España, al entrar en 1955 a formar parte de Naciones Unidas, aceptó la sentencia de Nuremberg dado que es la base doctrinal de la constitución de la ONU.
Ahora, la Audiencia Nacional ha echado el cerrojo a la aplicación de esta doctrina.

El Tribunal Penal Internacional investigará crímenes de guerra en Palestina

InfoLibre

La decisión de la fiscal Fatou Bensouda sigue a la adhesión de la Autoridad Palestina al Estatuto de Roma el pasado 2 de enero, según un comunicado de la institución internacional


La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) anunció este viernes la apertura de un examen preliminar de "la situación en Palestina", referida a la posibilidad de que se hubieran cometido crímenes de guerra en los territorios palestinos, como paso previo al hipotético inicio, propiamente dicho, de una investigación formal.

La decisión de la fiscal Fatou Bensouda sigue a la adhesión de la Autoridad Palestina al Estatuto de Roma el pasado 2 de enero, según un comunicado de la institución internacional.

El llamado examen preliminar, recalcó el TPI, no se trata de una investigación sino más bien de un proceso para examinar la información disponible con vistas a alcanzar una opinión plenamente informada sobre si existe o no una base razonable para iniciar una pesquisa.

Por ello, y a pesar de la intención de la Autoridad Palestina de exigir responsabilidades a Israel ante un tribunal internacional por sus supuestos crímenes de guerra durante sus operaciones en Gaza o por cualquier otro delito resultado de su ocupación territorial, el examen del TPI también examinará la acción de las milicias palestinas en sus ataques sobre suelo israelí.

En la nota, el TPI puntualizó el aspecto de la atemporalidad: "no existe una fecha límite, marca el Estatuto, para adoptar una decisión ya que dependen de los hechos y circunstancias de cada situación".

Una vez tenida en cuenta la particularidad del caso, "la oficina del fiscal decidirá si continúa recabando información para establecer una base legal que dé pie a una determinación, o bien iniciará una investigación sujeta a la correspondiente revisión legal, o bien declinará iniciar una pesquisa".

En cualquier caso, la oficina del fiscal se compromete a llevar su análisis "con completa independencia e imparcialidad".

Al borde de la decepción, Google reflota sus gafas inteligentes

Pusieron un término en boca de todos, los wearables, la tecnología para vestir. Tres años después del anuncio inicial, las Google Glass, las primeras gafas inteligentes, saldrán al mercado con un panorama muy distinto al planteado. Google ha decidido dar de baja el programa actual de Exploradores, como llamaban a los desarrolladores de aplicaciones con derecho a prueba previo pago de 1.500 dólares. El 19 de junio el modelo actual será historia. Este jueves se dio el último movimiento, un golpe de timón, para reflotar o hundir definitivamente el proyecto. Glass dejaba de formar parte de Google X, su laboratorio de experimentación, para tener entidad propia. Al frente estará su diseñador estrella, Tony Fadell, para crear una nueva división que saque definitivamente su gadget al mercado de consumo. Google, previo pago de 2.000 millones de dólares, quiere comenzar su conquista del hogar y, al mismo tiempo, hacerse con un poco de la magia de Apple, para lo que tendrá el apoyo de Ivy Ross, una reputada creadora de joyas que fichó por Google en mayo.
La renovación del proyecto no es solo humana. Contará también con un nuevo procesador, el Intel de Edison, y la colaboración con Luxottica, fabricante de las gafas Rayban, Oakley y Arnette, para buscar nueva molduras y materiales que hagan de este prototipo un objeto de deseo. Víctor Sánchez, fundador de MashmeTvuna empresa dedicada a diversos tipos de videoconferencias, forma parte del grupo de exploradores desde que nació la idea y reconoce que el diseño actual no es el más adecuado: “Son cosas de ingenieros. A veces somos demasiado simplistas, basta con que funcione para que nos parezca bien, pero no es algo para todos los públicos”.
Julián Beltrán, responsable de Droiders, una empresa que colabora con Google, ve Glass como la gran esperanza para hacer crecer su negocio. Además de una aplicación para el Banco Sabadell, pensada para cobrar cheques con solo mirarlos y hacer un gesto, ha publicado otra, junto a la universidad de Stanford, que lleva la realidad aumentada al quirófano. “Sirve para emitir en tiempo real lo que ves, mientras se opera, pero también para tener instrucciones sobreimpresas y comprobar datos”, expone. Sánchez ve grandes posibilidades en el ámbito educativo y en el del turismo: “Contar algo en primera persona es un paso adelante. Poder ir paso a paso mientras te guían, también".
Lo que no queda tan claro es que sea un dispositivo para todos los públicos. Scott Amyx, director de la consultora Amyx McKinsey, especializada en tecnología de vestir e Internet de las cosas, apunta tres factores para su adopción: “Que resuelva el problema de la mensajería en tiempo real, sin fricción; que tenga un diseño atractivo, y que el cambio de comportamiento que implica su uso, compense con la satisfacción que genera. En resumen, que no pesen más que unas gafas normales y que se adapten al cuerpo, que se puedan sentir en la piel como algo natural, parte de nuestra vestimenta”.
Precisamente, el nacimiento inicial de Glass quiso jugar con esa cercanía, con integrarlo en el día a día. Sergey Brin, cofundador de Google y autor intelectual de esta aventura recurrió a lo que se entiende por educación y buenas costumbres, para indicar la necesidad de usar las gafas. “No se puede estar sacando todo el tiempo el móvil en la mesa o en una reunión para ver si ha llegado un correo”, insistía. Era 2012, el reloj inteligente todavía no era una realidad. Ahora que una decena de modelos que funcionan con Android Wear y que cuestan entre 170 y 300 euros -200 y 350 dólares-, son capaces de manejar las notificaciones de noticias, correos, tuits y redes sociales con discreción, parece que esa función de las gafas ha perdido algo de su sentido.
En su promoción inicial, se apelaba también al corazón y a los valores familiares: “¿Quién no quiere inmortalizar para siempre los primeros pasos de su hijo?”. Paradójicamente, las gafas le han costado su matrimonio y han tambaleado el equilibrio de Android. Amanda Rosenberg, una de las jóvenes responsables de márketing de Glass pasó a ocupar su corazón. 
El reto final llegará entrado el año, cuando sea necesario ajustar un precio acorde al mercado actual. Amyx estima que rondará los 400 o 500 dólares. 
Los expertos creen que no será fácil el camino hasta que lleguen al consumidor. “La exigencia será mucho mayor. Hay que incluir materiales agradables, fiables, un manual, la garantía… Todo lo que se espera cuando se compra un aparato de primera línea”, insiste Beltrán. Sánchez, que ha investigado con varios prototipos, asegura que la vida de la batería será cuatro veces superior a la actual, uno de los grandes fallos del prototipo.
Entre las incógnitas que tendrán que resolver, ya sea el modelo de pruebas o el definitivo, está la privacidad. El rechazo es tal que en San Francisco a los exploradores se les llama glassholes, un juego de palabras entre las gafas y assholes, un insulto, en inglés.
“La sociedad tiene que aceptar los nuevos usos, igual que aceptaron las llamadas desde el móvil en locales o los mensajes durante las comidas. Ahora bien, si no encuentran encaje social no tendrá sentido relanzar las gafas, quedarán como un instrumento para tareas profesionales, muy especializadas”, concluye Amyx.