tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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martes, 4 de noviembre de 2014

Pastel de hongos

Los estudiantes chinos tendrán 'antecedentes' si copian o plagian exámenes

El Ministerio de Educación de China anunció que los estudiantes que copien en exámenes, plagien trabajos o cometan otras irregularidades verán su comportamiento reflejado permanentemente en su expediente académico, una medida con la que el Gobierno quiere mejorar la ética en las aulas.
La nueva práctica se aplicará a alumnos de enseñanza secundaria y superior, y se anuncia poco después de varios escándalos en los que se descubrió que cientos de alumnos habían copiado en importantes exámenes utilizando aparatos de alta tecnología.
En el expediente también se apuntará si el estudiante no ha pagado sus tasas académicas, así como malas prácticas en la búsqueda de empleo, ya que en China es muy habitual que los jóvenes chinos utilicen su último año de estudios para hacer entrevistas de trabajo y asegurarse así la entrada en el mercado laboral.
A finales de octubre se denunció que 2.440 estudiantes chinoshabían utilizado ilegalmente aparatos de radio de alta frecuencia para copiar en unos exámenes para obtener licencias en la especialidad deFarmacología.
Simultáneamente, desde Estados Unidos se informó de que alumnos de China y Corea del Sur son sospechosos de haber copiado en los exámenes SAT (para el acceso a universidades norteamericanas), por lo que sus resultados habían sido temporalmente invalidados.
China es el país de origen de un 29% de los estudiantes extranjeros en universidades estadounidenses, y Corea del Sur representa un 9%.

La Universidad de Girona debate reprobar a una magistrada

El claustro extraordinario de la Universidad de Girona debatirá este jueves retirar el honoris causa a la magistrada del Tribunal Constitucional Encarnació Roca (Barcelona, 1946) por no haber discrepado en la admisión del recurso del Gobierno contra la ley de consultas y el decreto inicial de convocatoria del 9-N. El recurso fue admitido por unanimidad, y esa admisión supuso la suspensión automática de la consulta.
La posibilidad de quitarle el reconocimiento a la jurista está en el orden del día de la reunión extraordinaria del claustro. Este órgano está compuesto por 250 miembros, entre natos y elegidos. Una representación de profesores, investigadores y empleados —77 en total— firmaron un documento con el que forzaron la celebración de la reunión no ordinaria para instar al centro a que apoye la celebración del 9-N. Entre esas medidas de compromiso con la consulta solicitaban retirar el título a Roca, por considerar que la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra el 9-N “choca frontalmente con algunas de las razones por las cuales se le concedió la distinción, especialmente por su compromiso con Cataluña y sus instituciones”, dice el documento firmado por los claustrales. Las otras dos peticiones del documento son el apoyo explícito al 9-N por parte de la Universidad y que se pida a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas que respalde el “ejercicio democrático de la consulta”.La carrera de Roca cuenta con el reconocimiento del mundo jurídico. Esta catedrática de la Universidad de Barcelona fue la primera profesora de Derecho Civil en España, en 1979. También la primera mujer en la Academia de Jurisprudencia y Legislación. La Universidad de Girona le entregó la distinción el 13 de abril de 2012 y poco después fue propuesta por el PSOE para llegar al alto tribunal tras años de bloqueo. CiU le dio su apoyo.
Desde la Universidad de Girona recuerdan que la decisión del claustro solo insta al Consejo de Gobierno a que tome la decisión y no descartan que se celebre el debate, aunque aún ningún miembro del claustro ha aceptado ser su ponente. La Facultad de Derecho expresó ayer su “rechazo absoluto” a retirar el título a Roca. “La propuesta no se habría de haber presentado nunca y no procede su aprobación”, dijo un portavoz.

El trabajo sumergido representa el 11% del PIB español y supone 1,8 millones de empleos

El trabajador sumergido en nuestro país obedece a un doble perfil: el de un desempleado y el de una persona joven que percibe al menos una parte de su salario en negro. En España 1,8 millones de personas forman parte de esa bolsa, identificada por los empresarios que conforman el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC).
El cálculo efectuado por el potente think tank empresarial que lidera el presidente de Telefónica, César Alierta, alude sólo a los españoles que cometen fraude laboral. En este grupo figurarían, por ejemplo, las personas inscritas como parados, pero que tienen un trabajo sin dar de alta en la Seguridad Social. O los inmigrantes no documentados. El CEC estima que, en la actualidad, hay 720.000 personas desempleadas sólo en teoría, porque, en la práctica, trabajan a tiempo completo o parcial. Representan el 39% del empleo sumergido total que hay en España. Los inmigrantes aportarían otro 15% al total: 277.000 estarían trabajando ajenos a los ojos de la Administración.
La cifra de empleados en la economía B, que estarían generando en torno al 11% del PIB, es una de las conclusiones más llamativas del sexto -y más amplio- informe elaborado por el CEC. Además de Alierta, detrás de estas siglas están, entre otros, Ana Patricia Botín(Santander), Pablo Isla (Inditex), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola),Francisco González (BBVA), Isidro Fainé (La Caixa) o Juan Roig(Mercadona). El documento, difundido ayer, se centra, más que en el diagnóstico de los problemas, en las propuestas que pueden dar un fuerte empujón a la economía. Y, sobre todo, al empleo. "Todos los problemas de este país son solucionables", dijo Alierta. El presidente de Telefónica y sus 19 compañeros del CEC plantean una "transformación radical de la economía española que se basaría en la productividad, la educación y la competitividad".
Las mayores empresas de este país proponen medidas de choque en ocho campos, aunque las más contundentes y precisas se concentran en dos: el fraude laboral y el ajuste fiscal. El primer aspecto debe combatirse, principalmente, incrementando «el número de efectivos». El CEC da un dato revelador: en España hay 40 inspectores laborales por cada millón de habitantes; una cantidad similar a la de otros países europeos, con la diferencia de que la tasa de empleo sumergido es muy superior en nuestro país. Esta y otras recetaspermitirían aflorar, como mínimo, 827.000 empleos de aquí a 2018; una cifra similar a la plantilla de la Administración Pública.
Por otro lado, el CEC plantea un ajuste fiscal de unos 30.000 millones de euros, que "debería hacerse de tal manera que fuera lo menos penalizador posible para el crecimiento". La forma de lograrlo es aplicarlo "en mayor medida" a través de "recortes en el gasto frente a un incremento de ingresos". El informe propone una "mayor racionalización y eficiencia del personal de las Administraciones Públicas", que se traduciría en un ahorro de 5.000 millones de euros. También una "reducción del stock de endeudamiento público, activando un plan de gestión activa de patrimonio y de privatizaciones que supusiera una caída de la deuda en, al menos, 35.000 millones".
La aplicación del conjunto de medidas detalladas en el informe en todos los campos de actuación propiciaría, según el CEC, la creación de 2,3 millones de empleos en cuatro años, que permitirían recortar la tasa de paro hasta el 14,2%.
El amplio abanico de reformas propuestas afecta a ámbitos tan distintos como la educación o las pymes. Respecto a estas últimas, el CEC apuesta por crear el marco regulatorio e institucionalnecesario para que puedan incrementar su tamañoy ganar músculo para competir fuera de nuestras fronteras. En el ámbito educativo, incide en la necesidad de reforzar los vínculos entre los centros educativos y la empresa, y mejorar la cualificación, con el mismo objetivo: mejorar las condiciones para competir en el exterior.

Mas cederá a grupos civiles el 9-N si el Constitucional lo anula

Convergència Democràtica de Cataluña ha asegurado hoy quecontinuará con la campaña del 9 de noviembre pese a la impugnación del Gobierno y ha restado importancia a las dudas sobre la viabilidad de la consulta alternativa que ayer expresó la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. La portavoz de CDC, Mercè Conesa, ha asegurado tras la reunión de la ejecutiva del partido que "podemos contar con los escenarios más negativos, pero incluso así estamos convencidos de que el 9 de noviembre podremos participar y opinar sobre el futuro político de Cataluña". Conesa ha abierto así la posibilidad de que la consulta pueda sufrir cambios o ser impulsada por entidades privadas.
La portavoz de Convergència ha admitido ciertas dudas sobre el hecho de que la consulta alternativa pueda celebrarse con el mismo formato y las mismas características que se han dibujado hasta ahora. Preguntada por si la consulta, en caso de suspensión legal, podría dejarse en manos de entidades privadas y asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana, no lo ha negado. "Es una situación que no tiene porqué darse. Cuando estamos hablando de la posiblidad de continuar con absoluta normalidad lo hacemos convencidos de que el Constitucional no tiene donde agarrarse para suspender el nuevo 9-N. No vemos que haga falta cambiar nada en el proceso, pero tenemos que esperar a mañana".
Consesa, al ser repreguntada por la posibilidad que entidades como la ANC se acaben haciendo cargo de la consulta, ha dejado algunas puertas abiertas. "Si mañana hay una resolución muy negativa por parte del TC va a continuar el diálogo del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir como con otras formas políticas, pero no contemplamos un cambio en la hoja de ruta". También ha dicho que espera que los ciudadanos puedan encontrarse "delante de los centros de voto" el 9 de noviembre.
"Podemos seguir haciendo actos de campaña con toda tranquilidad, porque en ningún caso estamos desobedeciendo al Tribunal Constitucional", ha asegurado Conesa. CDC sigue defendiendo que la consulta alternativa no es una continuación de la que suspendió el Tribunal Constitucional sino "un proceso nuevo". "Atendiendo que no estamos incumpliendo el decreto suspendido podemos continuar el proceso".
Precisamente hoy, el coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol,  ha vaticinado que los catalanes irán a votar el 9 de noviembre aunque el Tribunal Constitucional (TC) admita a trámite el recurso del Gobierno central y suspenda el proceso participativo. "Nosotros iremos a votar, sea lo que sea lo que designe este mecanismo del Estado", ha afirmado durante la presentación de la campaña  ¿No tienes nada que decir?, con la que una veintena de entidades quieren movilizar a los ciudadanos para que participen en el 9 de noviembre.
Rigol se mostró convencido de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, llamará a los catalanes a votar el 9 de noviembre pese al recurso del Gobierno central: "Yo el 9 de noviembre haré lo que me diga el presidente de la Generalitat, e intuyó que me va a decir que vaya a votar".
En cambio, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado a la Generalitat que "asuma sus responsabilidades" y siga impulsando el proceso participativo del 9N aunque el Tribunal Constitucional (TC) decida esta semana suspenderlo.