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sábado, 5 de abril de 2014

Exclusiva: Aguirre a la fuga

Muxarra al horno con panaderas y tomates

Las mafias nigerianas de la prostitución se trasladan a España

Las mafias nigerianas están trasladando a España los negocios delictivos que practican en su país y en la ciudad de Maghnia, en la frontera entre Argelia y Marruecos. Allí, cada niño tiene un valor de 400 euros y cada mujer paga 50.000 euros por su traslado a Europa. Estos clanes, considerados de "extrema crueldad", utilizan la violencia y el vudú para esclavizar y prostituir a sus víctimas. Una de ellas, la testigo protegida Mercy, habla para EL MUNDO.
Los inmigrantes ilegales emplean varios caminos para llegar desde el África subsahariana a Europa, a España: con un pasaporte y 500 euros a través de Marruecos si son ciudadanos de los países que tienen firmado un acuerdo bilateral con el régimen alahuí. Con un pasaporte falso si quieren ir por la misma vía, pero no pertenecen a esos países privilegiados por Marruecos. Por el paso de Mauritania o por el de Maghnia, en Argelia, hasta acabar en las costas españolas o italianas después de cruzar el Mediterráneo en una patera propiedad de las estructuras criminales. O incluso por avión, en viaje organizado por esas mismas estructuras.
Al llegar a la frontera, los nigerianos van a la unión que le corresponde por su etnia. Si no, los matan
De todas esas opciones, la que entraña lo que los expertos denominan una "extrema crueldad" es la que depende de las mafias nigerianas en la frontera argelina. Cinco uniones, como son denominadas, compuestas por unos 100 individuos, controlan el paso. Cada una corresponde a una etnia y tres de ellas, igbo -de los ladrones-, edo -de los estafadores- yyoruba - de los intelectuales- tienen un papel preponderante. "Cuando llegan a la frontera, los nigerianos van a la unión que les corresponde según su etnia. Si no lo hacen, les matan", sostienen los expertos.
Después, algunos pagarán unos 100 euros por cruzar, y en cada ciudad acudirán a las sucursales de empresas como la Western Union para ir abonando a su conseguidor la cantidad correspondiente a cada trayecto hasta llegar a la costa.

Tragedia femenina

Pero lo que en principio constituye un abuso propio de las mafias dedicadas a la inmigración ilegal, alcanza el carácter de tragedia si se trata de las mujeres. Salvo excepciones, las mujeres que aspiran a cruzar la frontera hacia España son violadas de forma ritual por los miembros de las uniones. Es el jefe el que determina cuándo pueden quedarse embarazadas y, si se quedan embarazadas, el niño es propiedad del chairman de la unión, que lo utilizará del modo que le convenga. Las uniones saben que un niño garantiza la permanencia de la adulta que lo lleva hasta Europa, de modo que los venden, los asignan a otra mujer a cambio de unos 400 euros.
En realidad, para las mafias, las mujeres son simple género que proporciona rentabilidad en el negocio del traslado y que, después, refuerza dicha rentabilidad con el negocio de la prostitución y con la explotación de los niños. Y, para controlarlo, se han trasladado a España, donde se llevan una buena parte de los cinco millones de euros que reporta el tráfico de personas en nuestro país.
Las mujeres que aspiran a cruzar la frontera a España son violadas de forma ritual
"Es complicado detectar la conexión entre los cabecillas de la red que permanecen en el sur del Sáhara con los que están en la frontera y los que se mueven en España pero, por las declaraciones de las mujeres, sabemos que la hay. Dan alias o nombres de pila y siempre se repiten cinco o seis que forman parte de la misma estructura, pertenecen a la misma organización", señala el inspector jefe de la Policía José Nieto.
Las primeras mujeres en llegar a Europa se convirtieron en explotadoras de sus conciudadanas
Hace aproximadamente 10 años llegó una primera oleada de inmigrantes hasta Madrid, Milán o Berlín, que tenían cierta formación y que detectaron la potencialidad del negocio de la inmigración ilegal. Las primeras mujeres en llegar a Europa se convirtieron entonces en explotadoras de sus propias conciudadanas. Ellas son las que se ponen en contacto con los captadores para que les envíen mujeres con las características demandadas, que pueden ser de su propia familia, y son las estructuras mafiosas las que garantizan que las chicas, de cualquier edad, lleguen a su destino. Sólo aquéllas que son demandadas como vírgenes se verán liberadas de pagar el peaje de la frontera.
Cuando las mujeres subsaharianas llegan a las costas españolas, los agentes policiales les leen el artículo 59 bis para que sepan que pueden estar siendo explotadas y que están dispuestos a ayudarlas. Lo mismo ocurre cuando son trasladadas a la Cruz Roja o quedan bajo los cuidados de las ONG. Pero ni reaccionan.

La amenaza del vudú

Hace pocos años, las trabajadoras sociales que las atendían al llegar, se dieron cuenta, además, de que había algo raro en la reacción de las madres. Algunas ni miraban a los niños cuando lloraban, bastantes no tenían inconveniente en ponerlos en situación de riesgo si eso les permitía chantajear a la Administración para quedarse o para superar algún tipo de obstáculo. Al final, a las mujeres las recogía un presunto marido que nunca lo era o algún sacerdote-guía espiritual que tampoco lo era y, a partir de ahí, empezaban un periplo estudiado que las llevaba -las lleva- por los polígonos industriales de diferentes ciudades de la península hasta recalar, por ejemplo, en las vastas extensiones de plástico de los invernaderos almerienses. Los niños acababan, como garantía, encerrados en pisos donde las verdaderas madres no volvían a verlos en dos o tres años y las madres falsas no volvían a verlos nunca.
Ésas fueron las pistas que llevaron a pensar que los niños no eran suyos, que los llevaban sólo para quedarse y que los habían comprado o alquilado, o simplemente se los había asignado un mafioso. Pruebas de ADN realizadas a raíz de esas sospechas, desde hace un par de años, confirmaron los temores de policías y de los trabajadores sociales.
El motivo por el que estas mujeres se dejan llevar hasta un desbarrancadero tan cruel es el más difícil de controlar: su creencia en que si rompen su promesa de vudú, pueden morir y su alma queda maldita. Estas mafias, a diferencia de las rumanas, por ejemplo, que necesitan una jerarquía de control sobre los explotados, no requieren de lugartenientes que vigilen a las personas a las que han esclavizado. Basta con el vudú. A veces, el explotador únicamente les deja una caja en el lugar donde las mujeres se refugian y las conmina a llenarla con 100 euros diarios. Puede que realicen alguna contravigilancia puntual pero, normalmente, no necesitan volver hasta pasados los cuatro días para recoger sus 400 euros.
Los agentes policiales han estudiado mucho el fenómeno, se pelean con él día tras día y saben que la desprogramación del vudú es improbable y, en todo caso, ha de proceder de la misma madera, de una mujer que se haya visto en las mismas circunstancias. Y eso hacen, intentar convencer a las explotadas de que otra vida es posible.
Según las cifras barajadas por Policía y Guardia Civil, en 2012 fueron detectadas 976 víctimas de la trata de personas en España; en situación de riesgo llegaron a contabilizarse 12.305, y los expertos policiales consideran que las víctimas potenciales pueden llegar a triplicar esa cantidad. En 2013, la Policía Nacional llevó a cabo 28 operaciones con 92 detenidos y 39 víctimas. Todas las víctimas lo eran de redes nigerianas, que, en vista del éxito, han ampliado su campo de maniobra a cualquier ámbito delincuencial, desde la falsificación de moneda al tráfico de drogas. Los expertos advierten precupados: tal es su pericia que, en Italia, empezaron de mamporerros de la mafia y han acabado siendo sus socios.

'Te hacen creer que, si pides ayuda, el vudú te mata'

Antes de entrar irregularmente en España, Mercy firmó en Benin City (Nigeria) un contrato con su tratante, un pacto de emigración destinado a unirles para siempre con el vínculo invisible del miedo. El juramento quedó encerrado dentro de un tarro embadurnado con su sangre menstrual en el que un brujo introdujo cenizas, vello púbico y uñas de animales. Rodearon el bote con un hilo, pusieron un candado a todo aquello y echaron la llave. Mercy llegó a Madrid pensando que trabajaría como peluquera y fue engañada y forzada por una mami (una explotadora) a ejercer la prostitución en la Casa de Campo. Tardó un año en acudir a la Policía. "Me obligaban a ganar 3.000 euros al mes y, por miedo al vudú, no lo denunciaba. En mi país, la mayoría cree en el vudú. Yo pensaba que, si no cumplía y no pagaba la deuda, me iba a morir y a mi familia podía pasarle algo. Te hacen creer que si pides ayuda o intentas escapar, el vudú te mata", cuenta a EL MUNDO, mientras se retuerce las manos, esta testigo protegida de 35 años.
La suya es la historia de miles de mujeres nigerianas víctimas de trata que se han convertido en esclavas de las mafias de su país y un auténtico filón para sus negocios. La diferencia es que, al menos ésta vez, la cosa acabó bien. Mercy decidió escapar y ahora trabaja comointérprete del Grupo II de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional ayudando a otras chicas a escapar de las redes de explotación sexual que se han asentado en España.
Miles de mujeres nigerianas son esclavas de las mafias en su país y un auténtico filón para sus negocios
'Me obligaban a ganar 3.000 euros al mes y, por miedo al vudú, no lo denunciaba'
"Yo tenía una peluquería en Nigeria, no me iba mal del todo. Soy la pequeña de una familia de seis hermanos. Pero siempre me gustó España...". En 2005, un amigo le habló de una mujer que vivía en Madrid y que podía ayudarla y se encomendó a ellos. Ni siquiera tuvo que pagar el billete de avión porque su explotadora se encargó de todo. Le entregaron un documento de identidad falsificado en el que figuraba como menor de edad y con nacionalidad italiana. Primero voló a Lagos, donde estuvo dos semanas aprendiendo italiano para sostener su coartada. Compartió habitación con otras 12 chicas. Todas fantaseaban con su nueva vida en Europa. "Era todo tan bonito... Ninguna de nosotras sabíamos lo que nos esperaba".
Mercy voló de Lagos a Amsterdam y de ahí llegó en tren a Madrid. En Alcorcón le esperaba su explotadora, la amiga de su amigo, la mami, que la recibió con una sonrisa: "Bienvenida a Europa, vete a descansar y luego me cuentas cómo fue el viaje". Cuando Mercy despertó comenzó su infierno. La mami le soltó:
- Siéntate, vamos a hablar. Tú tienes una deuda conmigo de 45.000 euros por todos los costes del viaje. Así que te voy a enseñar un sitio donde trabajan chicas con los blancos y ahí puedes conseguir la pasta. Me tienes que traer más de 50 euros al día. Nada de 20 o 30 euros.
Mercy se negó. Se puso a llorar. Insistió en que no quería "trabajar en eso", en que ella vino para emplearse en una peluquería.
- ¿Cómo vas a pagar 45.000 euros haciendo trenzas en el pelo?, le dijo la mami. Mercy llamó a su madre y a sus amigas en Nigeria: "No vengáis, todo esto es un engaño".

El calvario y la huida

Durante un año hizo la calle 12 horas al día. De cinco de la tarde a cinco de la mañana. Lloviera o hiciera calor, con la regla o sin ella, estando enferma y destrozada por dentro. "Tuve que trabajar hasta en Nochebuena", recuerda. "Ni siquiera podía dormir, al menos no más de dos horas al día. Luego tenía que limpiar la casa y cocinar".
Mercy vivía con la mami y otras dos chicas, con las que no podía ni hablar. "Cada mes tenía que pagarle 3.000 euros. Me descontaba la ropa, la luz, el gas, el dinero del alquiler de la habitación y 50 euros semanales por la comida, el champú, los preservativos, las pastillas...". Así que, para conseguir más dinero, la explotadora enseñó a Mercy a robar a los clientes y a disfrazarse con otra ropa y pelucas para que no pudieran reconocerla. Mientras tanto, la mami la maltrataba: "Me daba unas palizas que no veas. Si yo no trabaja mucho, me pegaba".
'Me daba unas palizas que no veas. Si yo no trabaja mucho, me pegaba'
Un día Mercy no pudo más. "Llegué a la casa con sólo 30 euros y ella me empezó a golpear. Escapé. Me di cuenta de que aquí me iban a matar seguro. Llevaba un año aguantando. Sólo quería volver a mi país".
No es fácil huir de estas redes. Cuando el captador de Mercy en Nigeria se enteró de lo que había hecho, comenzó a amenazarla con matar a su familia. La madre de Mercy lo denunció (no todas obran así, algunas incluso aprueban que se prostituya a sus hijas) y este individuo fue detenido. Hoy la explotadora también está en prisión, cumpliendo una condena de ocho años. "Tardé mucho tiempo en recuperarme. Todos los días tenía pesadillas y me despertaba llorando. No quería comer".
La Policía puso a Mercy en contacto con el Proyecto Esperanza, un programa de las religiosas adoratrices para la trata. Mercy dejó de creer en el vudú y en 2007 comenzó a trabajar como intérprete para los agentes. Se encarga de traducir las escuchas en las operaciones. Oye las conversaciones de las mafias.
Los agentes de la brigada dicen que es muy valiosa, porque también habla con las víctimas, las tranquiliza, las convence para que denuncien. "Para mí no es fácil, porque yo también he sido víctima y revivo lo que ha pasado", admite Mercy, ya con ocho años de residencia legal en nuestro país, con un marido nigeriano, con dos niños de cinco y un año, con toda la vida por delante.
A Mercy, sin embargo, se le ha quedado algo enquistado. Casi al final de la entrevista, como disculpándose, confiesa que no ha vuelto a tener amigas. "Es que no puedes confiar en nadie".

La Guardia Civil encuentra a dos de los diez fugitivos más buscados

Dos de los 10 prófugos más buscados por la Guardia Civil, por haber cometido crímenes en España, han sido localizados cuatro días después de que el instituto armado publicara una lista con la identidad y el delito de esta decena de fugitivos. Se trata del venezolano Gabriel Alejandro Reyes, que fue detenido en su país de origen por participar en las protestas que sacuden el país, y la paraguaya María Laura Espinola, que se encuentra también en su país de origen y aunque aún no ha sido arrestada, Interior ya ha iniciado el protocolo para su encarcelamiento.
Reyes había sido identificado por la policía venezolana en las manifestaciones contra el Gobierno chavista. El venezolano de 25 años se dedicaba a introducir cocaína en España y en otros países europeos desde Latinoamérica. Era el cabecilla de esta red de tráfico de drogas y se dio a la fuga cuando la Guardia Civil consiguió en diciembre del año pasado desarticularla con la detención de 37 personas y la imputación de otras 124. En la operación Gobe fueron decomisados 62 kilos de cocaína, más de un millón de dólares falsificados, 16.700 euros en efectivo y otros 175.500 en cheques al portador. La orden internacional de detención impulsada por la Guardia Civil permitió su encarcelamiento.
María Laura Espinola, descrita el lunes pasado como “autora del asesinato de una mujer, cuyo cadáver fue hallado en la A-3, de complexión delgada”, concedió una entrevista a la radio paraguaya Monumental AM al conocer que estaba siendo buscada por la Guardia Civil, asumiendo que se entregaría a la justicia. Espinola explicó su versión de los hechos y se declaró inocente y víctima a la vez, durante los 24 minutos que estuvo en antena.
Tiene 32 años y nacionalidad paraguaya. Está acusada de asesinar en 2012 a Yulmer Josefina Sifontes de Paredes, una venezolana de la misma edad. En el crimen participó también el exnovio de Espinola, Miguel Ángel Vesga, encarcelado en España, y otras cuatro personas involucradas en la preparación del robo que sufrió Sifontes antes de ser asesinada. El móvil fue la deuda que Vesga tenía con la fallecida. “Querían quitarla del medio para evitar que siguiera reclamando el dinero”, explica un mando de la Guardia Civil.
El protocolo para su encarcelamiento incluye la movilización de la policía paraguaya para localizarla y la gestión diplomática para su extradición. Por la dificultad para encontrarlos y la gravedad de los delitos por los que se acusa a estos 10 huidos de la justicia, la Guardia Civil decidió pedir el lunes pasado la colaboración a unos 50 oficiales de enlace de cuerpos de seguridad europeos y americanos y a la ciudadanía a través de la prensa.

IMPERDIBLE....

Esperanza Aguirre la desesperanza de los niños !!!!!


La justicia ordena la primera devolución por el céntimo sanitario

La empresa Transportes Jordi Besora SL recuperará las cantidades que abonó a la Agencia Tributaria entre 2005 y 2009 por el llamado céntimo sanitario. Así lo ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) después de que la justicia europea concluyera que el gravamen era contrario al derecho comunitario. La sentencia es la primera de España que obliga a la Administración tributaria a devolver a un empresario con intereses de demora las cantidades abonadas por ese tributo. Se produce, además, en un momento en el que los tribunales tramitan miles de reclamaciones similares. Además, la Agencia Tributaria ha recibido otras tantas, que tiene paralizadas a la espera de que la Comisión Europea responda una aclaración que a comienzos de mes le remitió el ministro Cristóbal Montoro. El TSJC, sin embargo, deja claro que el empresario debe percibir las cuotas “indebidamente soportadas” que le repercutieron tres comercializadoras de combustible.
El juez señala, no obstante, que “no es posible fijar” la “cuantía exacta a devolver”, puesto que, primero, la Administración debe comprobar que no se hubieran devuelto ya las cuotas a las gasolineras —encargadas de presentar las autoliquidaciones— y que el impuesto hubiera sido abonado por el transportista. En una sentencia en la que ha sido ponente el juez Dimitry Berberoff, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado parte del recurso que interpuso Besora contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña que le denegó la devolución de las cantidades soportadas en concepto del céntimo sanitario. Este impuesto es un recargo al consumo de hidrocarburos en vigor desde 2002 para financiar el traspaso de la sanidad a las comunidades.
La resolución da la razón al empresario cuyo caso se llevó a Luxemburgo
Besora recurrió con el argumento de que el gravamen, cuya cuantía oscilaba entre 1 y 4,8 céntimos de euro por litro de carburante dependiendo de la autonomía, era contrario a la directiva comunitaria. Puesto que a la decisión de la sala del TSJC no cabía recurso, la consulta a Luxemburgo era casi obligatoria. El Tribunal de Justicia de la UE resolvió finalmente en febrero que el impuesto era ilegal. La razón principal era que la gasolina ya estaba gravada por el impuesto de hidrocarburos, por lo que solo se podía fijar un nuevo tributo si este perseguía una finalidad concreta. Y ese, según el tribunal, no era el caso español.
Ante ese fallo, la sentencia del TSJC apunta que “el Estado miembro está obligado a devolver lo recaudado contra el Derecho de la Unión”. El juez señala que resultaría “absolutamente insoportable para el contribuyente” mantener un tributo “al que se opone el Derecho de la UE”, por lo que concluye que “debe proclamarse su derecho a la devolución de lo indebidamente abonado por dicho concepto”.
El juez establece que el retorno de las cantidades se efectúe a través de la Administración tributaria mediante una rectificación de las autoliquidaciones del impuesto que presentaron quienes le repercutieron el impuesto, en este caso las firmas Petromiralles, Repsol y Solred. La sentencia detalla que el Abogado del Estado y el de la Generalitat se mostraron a favor de la estimación del recurso, si bien el primero trasladó que el fallo del tribunal europeo no debe suponer “una estimación automática ni total” de las pretensiones que se dirimen en los tribunales.
El Tribu
El juez determina que el recurrente debe recuperar todas las cuotas siempre que no haya prescrito su derecho a solicitar la devolución, no se haya producido el retorno de las cantidades a las gasolineras y que acredite “haber soportado la repercusión” de lo reclamado. Por ello, pese a que el transportista reclamaba 45.632,38 euros, el juez no fija la cuantía exacta a devolver.
El fallo del Tribunal de la UE pone fin a una controversia de una década entre Bruselas y el Gobierno central por ese tributo. En 2008 la Comisión incluso solicitó a España que se ajustara al derecho de la UE mediante un dictamen motivado, pero nunca llegó a demandar a España ante el Tribunal de Justicia. El fallo de Luxemburgo, al final, ha cambiado por completo ese panorama, sobre todo para quienes tienen reclamaciones en trámite.

Ante la justicia

  • En 2001 se crea el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos dentro de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social con el fin de financiar las competencias de salud transferidas del Estado a las comunidades.
  • En 2003 la Comisión Europea procedió a incoar un expediente para determinar si España incumplía la directiva 92/12/CEE de 25 de febrero de 1992 con el llamado céntimo sanitario.
  • El 6 de mayo de 2008 la Comisión Europea solicitó al Gobierno de España mediante un dictamen motivado que ajustara al Derecho de la UE su legislación sobre el céntimo sanitario.
  • El 29 de noviembre de 2011 la Sección Primera de laSala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación de la directiva europea.
  • En febrero de 2014 el Tribunal de Justicia de la UE determina que el céntimo sanitario se opone a la directiva europea y entiende que España ha actuado de mala fe. El tribunal considera que no responde a una finalidad específica, puesto que el consumo de hidrocarburos ya estaba gravado con otro tributo.

Peña Nieto detiene al ‘número dos’ del Gobierno de Michoacán

El actual secretario de Gobierno de Michoacán y exgobernador interino del estado, Jesús Reyna García, ha sido detenido esta tarde e interrogado en la Unidad de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), que se ocupa de las investigaciones sobre el narcotráfico, en la capital de México.
Las autodefensas, civiles armados que se levantaron en armas el 24 de febrero de 2013 contra el crimen organizado, acusaban a Reyna de colaborar con Los Caballeros Templarios, el cartel que opera en la región, situada al suroeste de México.
La investigación en contra de Reyna, que milita en las filas del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), llevaba al menos un mes. Fuentes cercanas al Gobierno estatal han reconocido que agentes de la PGR habían confiscado cientos de documentos en la oficina de Reyna en Morelia a inicios de marzo.
Las autodefensas habían acusado a Reyna de proteger al cartel de Los Caballeros Templarios
Los agentes, explican, habían concentrado su investigación en los meses que duró la gestión de Reyna al frente del Gobierno de Michoacán. Reyna sustituyó al actual mandatario,Fausto Vallejo Figueroa, entre abril y octubre del año pasado, cuando este pidió un permiso debido a una enfermedad.
Durante los meses que Reyna permaneció en el cargo, la violencia en Michoacán se recrudeció. El vicealmirante de la Marina, Carlos Miguel Salazar Ramonet, fue asesinado en una carretera michoacana en julio. El avance de las autodefensas, que al final del Gobierno de Reynaocupaban una decena de los 113 municipios de Michoacán (ahora tienen presencia en al menos 27), hizo cotidianos los enfrentamientos entre narcotraficantes y civiles armados. Camiones de repartición y autobuses de pasajeros interrumpieron intermitentemente su paso por la zona, y las clases en las escuelas públicas se suspendían con regularidad.
El portavoz de los grupos de autodefensa de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, acusó en julio a Reyna, que entonces fungía como gobernador de Michoacán, de pertenecer a Los Caballeros Templarios durante una entrevista concedida al programa de radio Atando Cabos.
Mireles dijo que Reyna, además, había asistido el 24 de julio de ese año al funeral del padre de Nazario Moreno El Chayo, fundador y líder máximo de la mafia, muerto en una operación del Gobierno mexicano a inicios de marzo. El Gobierno de Michoacán respondió de inmediato y calificó las acusaciones de “absurdas”.
Los representantes de las autodefensas habían amagado hace unos días con romper sus negociaciones con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, iniciadas en enero pasado con el anuncio del Operativo para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, si las autoridades no actuaban en contra de Reyna.
Desde el nombramiento de Alfredo Castillo como encargado de gestionar la estrategia de seguridad en Michoacán, han sido detenidos o muertos al menos cuatro de los siete líderes de Los Caballeros Templarios (Jesús Vázquez Macías El Toro, Dionicio Loya Plancarte El Tío, Enrique Kike Plancarte y Nazario Moreno El Chayo). Servando Gómez La Tuta, otro de sus principales cabecillas, permanece prófugo.
El Gobierno mexicano ha detenido también a dos líderes autodefensas, Hipólito Mora y Enrique Hernández, acusados de sendos asesinatos. Representantes de sus comunidades, La Ruana y Yurécuaro respectivamente, insisten en su inocencia. También ha sido arrestado el extesorero del Gobierno de Michoacán, Humberto Suárez, acusado de un millonario desvío de fondos públicos.
La detención de Reyna ha caído como “una bomba”, según han reconocido a este periódico fuentes del Gobierno de Michoacán. El funcionario, con una carrera en la política michoacana de más de 30 años, ha sido también diputado local y federal por el PRI.

Argentina se estremece ante varios linchamientos a ladrones ...en ESPANYSTAN se plantea linchar al PP

Las escenas de supuestos ladrones apaleados en plena calle por una horda de vecinos justicieros está sobrecogiendo a la sociedad. En menos de dos semanas se han registrado unos diez linchamientos. La clase política, con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2015, ha entrado de lleno en el problema. El dirigente opositor del Frente Renovador, Sergio Massa, resaltó el lunes que los linchamientos “aparecen porque hay un Estado ausente”. La presidenta, Cristina Fernández, le respondió de forma indirecta ese mismo día en un discurso donde dijo: “Necesitamos voces que traigan deseos de venganza, deseos de enfrentamiento, deseos de odio”. Y a lo largo de la semana se fueron sumando al debate jueces de la Corte Suprema y autoridades eclesiásticas.
El primer linchamiento se produjo en la ciudad de Rosario, donde se registra las tasas más altas de homicidio en Argentina, a causa del narcotráfico. Un grupo de vecinos agarró a David Moreyra, de 18 años, cuando acaba de quitarle el bolso a una mujer. Después de lincharlo lo dejaron tendido en el suelo con una visible “pérdida de masa encefálica”. Murió a los cuatro días en el hospital. Su madre, Lorena Torres, dijo que quienes lincharon a su hijo “lo deberían haber llevado a una comisaría”. Después sobrevinieron una decena de casos de revancha colectiva en varios puntos del país.
La presidenta Cristina Fernández pronunció el lunes un discurso por cadena nacional —retransmitido de forma obligatoria en todos los canales de radio y televisión— en el que no pronunció la palabra linchamiento, pero aludió varias veces a ellos y apeló a luchar contra los sentimientos de venganza. “Todo lo que sea generar violencia, siempre, siempre engendra más violencia, se espiraliza la violencia”.
Fernández aludió incluso a la Noche de los Cristales Rotos, los atentados contra judíos que se produjeron del 9 al 10 de noviembre de 1938 en Alemania y Austria. “Miren, sin comparar, porque no tiene punto de comparación con lo que pasó, pero siempre la historia enseña cosas terribles. Y me vino a la memoria la Noche de los Cristales. Dejemos de lado todas las voces que convoquen a Noches de los Cristales. Nosotros no queremos ninguna Noche de los Cristales en la República Argentina”.
El linchamiento de David Moreyra, de 18 años, que murió a los cuatro días en el hospital. 
Horas antes, el opositor Sergio Massa había dicho: “Hay que condenar la decisión de que se tome justicia por mano propia. Para dejarlo claro y que no haya malos entendidos, cualquier persona que acepta que vive en una sociedad debe vivir con reglas y condenar la decisión de tomar justicia por mano propia”, añadió. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, le respondió a Massa diciendo que hablar de 'ausencia del Estado' es un grave error de interpretación ya que se trató 'lisa y llanamente de un homicidio”.
Conforme avanzaba la semana se fueron sumando al debate miembros de la Iglesia y de la Corte Suprema. el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, señaló el viernes: "En un Estado de Derecho el camino a transitar es el de acudir a las instituciones que corresponde. Si es «por mano propia» no es justicia, debemos ser claros”. Subrayó que con estas reacciones emocionales violentas “se valora más la propiedad (robada o por serlo) que la vida del presunto delincuente”. Pero Lozano atacó a la Justicia y a las fuerzas de seguridad: “Se percibe cansancio o hartazgo ante lo reiterado de los robos y asesinatos sin que se cuente con respuesta desde la Justicia y las fuerzas de seguridad".
La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal también salió al cruce: "No podemos dejar de hacer referencia a la demagogia punitiva de algunos dirigentes y periodistas que durante esta semana han tratado el tema con absoluta irresponsabilidad, justificando estos hechos en una supuesta ausencia del Estado en materia de políticas de seguridad". Y también lo hizo la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, quien negó que los linchamientos se produzcan por la falta de respuesta de los jueces ante el crimen. “Hubo casos en que la policía tenía agarrado al ladrón y la gente se lo quería arrebatar para pegarle".
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel solicitó a los medios de comunicación mayor responsabilidad. "Se está generando un pánico colectivo: se dice que la Justicia no hace nada, entonces se actúa con mano propia, sin pensar en las consecuencias", declaró.

La guerra interna en el PP de Madrid se recrudece tras el suceso de la terrorista Aguirre

Los ataques de Esperanza Aguirre contra los agentes de Movilidad y policías municipales, después del incidente que protagonizó el jueves pasado en el que se terminó dando a la fuga tras aparcar en un carril-bus, no han sido bien recibidos en el PP de Madrid. De entrada, porque la expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual responsable del PP autonómico, el más poderoso de España y principal frente interno de Mariano Rajoy, ha cargado contra funcionarios públicos del Ayuntamiento de la capital. Justo cuando Aguirre suena como posible candidata del partido en detrimento de la actual titular, Ana Botella. Así que este incidente recrudeció el ambiente de guerra interna que se vive en el PP de Madrid con la vista puesta en las candidaturas de 2015.
Por eso, la intervención de la alcaldesa de Madrid en favor de los empleados públicos, y precisamente en la convención municipal del PP en Valencia, se interpretó internamente como un intento de Botella de torpedear las posibilidades de Aguirre.
Porque la de la alcaldesa de Madrid ha sido la voz más contundente que se ha escuchado en las filas populares, cuando este viernes ha recordado a Aguirre que los agentes de Movilidad tienen presunción de veracidad. “La ley es igual para todos”, aseguró Botella a su compañera de filas, minutos antes de entrar en la convención que el PP celebra en Valencia. La regidora, que no ha querido ofrecer su versión de lo ocurrido, ni entrar en Aguirre fue o no retenida ilegalmente, como sostiene esta, ha señalado: “No me corresponde a mí. La ley es igual para todos y las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad”.
En esta guerra interna, aunque con cautela, entró también el Gobierno. Mientras Aguirre seguía cargando en todos los medios de información contra los agentes de Movilidad, a los que acusa de retención ilegal, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, habló en la misma línea que Botella tras el Consejo de Ministros: “La señora Esperanza Aguirre ha dado explicaciones, hay un procedimiento abierto, la ley es igual para todos y habrá que esclarecer hechos y responsabilidades dentro de ese procedimiento”. Sáenz de Santamaría evitó que contestara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aunque la pregunta iba dirigida a él. Gallardón es exalcalde de Madrid e histórico rival de Aguirre.
La expresidenta de Madrid no es muy querida entre los ministros. No es un secreto que ella siempre ha sido, al menos hasta que dejó la presidencia de Madrid, e incluso después, la principal rival interna de Mariano Rajoy. Es la antítesis del presidente. Polémica, atrevida, siempre al choque, una mujer de acción, dispuesta a dar titulares y a acudir a todos los medios de comunicación. Y es lo que está haciendo para defenderse: como siempre, atacar.
Siempre que ha podido, con gestos, decisiones o palabras, Aguirre ha mostrado el camino que a ella le gustaría, muchas veces el contrario al que elegía Rajoy, siempre mucho más precavido. Estas constantes lecciones han ido generando una enorme tensión entre los marianistas y los aguirristas. Y toda esa inquina acumulada desde 2008 explotó este viernes en muchos despachos del marianismo, que no están tristes por el error de la presidenta en el centro de Madrid.
Ella lo niega, pero muchos creen que estaba bien dispuesta a dar la batalla para ser la alcaldesa de Madrid en 2015, o al menos la candidata del PP. Las encuestas que se han hecho, según fuentes del Ejecutivo, la consideran un gran valor electoral, muy por encima de Ana Botella. Y eso, dado el pragmatismo de Rajoy, que fue capaz de poner de candidato a Jaime Mayor Oreja en 2009 pese a estar muy distanciado de él, hacía especular a muchos con la posibilidad de que él la eligiera como su candidata en 2015. Pero este error, y sus graves consecuencias de imagen, hacen que muchos de esos piensen ahora que al menos la alcaldía la tiene casi imposible. No en vano se está enfrentando a unos agentes de Movilidad que dependen de Botella.
Aguirre siempre ha dicho que su sueño no cumplido era ser alcaldesa, aunque ahora insiste en que no aspira a nada. En cualquier caso, los enemigos de Aguirre, que son muchos después de tantos años de batalla interna y ahora sin el respaldo que da ser presidenta de Madrid, se frotan las manos con la polémica.
Ya el jueves por la noche, el Ayuntamiento de Madrid defendió que los agentes de Movilidad realizan su trabajo de forma profesional, según el procedimiento habitual, y que actúan igual ante todos los ciudadanos.
Frente a las críticas internas más o menos veladas, en la Asamblea de Madrid, en una sesión que se alargó el jueves hasta la una de la madrugada, los diputados del PP se animaban con la siguiente máxima: “Si hay alguien capaz de darle la vuelta a esto, es Esperanza”. Ella se sigue defendiendo e insiste en que no se ha planteado dimitir de su cargo de presidenta del PP madrileño.