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martes, 11 de febrero de 2014

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En alerta 31 provincias por oleaje, vientos y nevadas

El tren de borrascas que azota a España desde la semana pasada, alerta este martes a 31 provincias por oleaje, nieve y viento. El nivel naranja, sin embargo, solo ha sido activado en Cuenca por nevadas y en A Coruña y Lugo por intensos vientos y oleaje.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa en su página web de que 19 provincias están en alerta por nieve. Cuenca es la más afectada donde se podrían alcanzar desde cuatro a 20 centímetros de espesor.
El resto de provincias de Castilla-La Mancha y de Aragón están en alerta amarilla (riesgo), también por nieve. En Castilla y León, ocho provincias han sido alertadas (nivel amarillo). Por su parte, en la sierra madrileña se acumularán hasta 18 centímetros de nieve y en la capital se esperan dos centímetros.
En casi todo Galicia se han activado las alertas por vientos y fuertes oleajes, salvo en las montañas de Ourense (alerta amarilla) donde se prevén nevadas de hasta 10 centímetros.
El nivel de alerta naranja en A Coruña y Pontevedra se ha activado por las olas que podrán alcanzar hasta seis metros y por viento de suroeste fuerza 8 o 9. Además, en la provincia coruñesa los vientos soplarán a 80 kilómetros por hora. Lugo está en alerta naranja por fuertes vientos, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en A Mariña.
En Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se ha activado la alerta amarilla por los vientos costeros, al igual que sucede en las andaluzas de Almería y Granada. En Cadiz, la situación mejora. Este martes gran parte de la flota pesquera ha salido a faenar, tras permanecer amarradas a puerto por el temporal del ayer lunes. Las provincias de Castellón, Valencia, Álava y Asturias están en alerta amarilla, por vientos con rachas de 75 a 100 kilómetros por hora.
La Aemet ha explicado de que con la alerta naranja existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales. Con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Barclays suprimirá hasta 12.000 empleos tras multiplicar beneficios

El banco británico Barclays, que no logra sacudirse de encima la mala imagen que le persigue desde que en 2012 protagonizara el escándalo por la manipulación del Líbor, ha anunciado esta semana que en 2013 multiplicó beneficios. Pero, pese a ello, seguirá adelante con sus planes de cerrar oficinas en Reino Unido y, tal y como ha revelado la entidad este martes, llevará a cabo un duro ajuste de personal para reducir plantilla en hasta 12.000 puestos, un 8,6% del total de trabajadores y por encima de lo esperado.
Barclays, que se vio forzado a publicar este lunes un adelanto de sus resultados después de que el Financial Times avanzara unas cuentas "demasiado aproximadas" a la realidad, ha confirmado que en 2013 ganó 2.900 millones de libras (3.488 millones de euros). Estas ganancias suponen multiplicar por 11 las obtenidas en 2012, cuando tuvo que pagar multas millonarias por el caso de manipulación quesacudió la imagen de toda la City (centro financiero) de Londres.
No obstante, no todo el balance del ejercicio recién concluido es tan positivo, ya que en el cuarto trimestre sufrió un recorte repentino de ingresos lastrado por su división de banca de inversión, que entró en pérdidas. Los números rojos por 329 millones de libras (395 millones de euros) de esta unidad desplomaron en un 86% los beneficios antes de impuestos entre octubre y diciembre, hasta los 191 millones de libras (230 millones de euros).

Provisión adicional por juicios

En el último trimestre, el banco también realizó una provisión adicional de 330 millones de libras para cubrir los costes de los procesos judiciales que arrastra y gastos de regulación. De hecho, contando con las cargas extraordinarias y los costes de reestructuración, los beneficios ajustados bajan con respecto a 2012. El banco, que tiene una plantilla de 139.000 trabajadores, se vio obligado a realizar una ampliación de capital de 5.800 millones de libras para cumplir con los nuevos mínimos de capital.
Además, dentro de la serie de despropósitos que sigue en los últimos tiempos a la entidad pese al cambio en la dirección, el supervisor británico le está investigando por el robo de datos confidenciales de 27.000 clientes que luego fueron vendidos a operadores de Bolsa.

Ningún grupo apoyará al PP en la eliminación de la justicia universal

El PP estará solo este martes en el pleno del Congreso en la toma en consideración de la proposición de ley que limita la llamada justicia universal hasta dejarla en nada. Ningún otro grupo apoyará la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que busca fundamentalmente acabar con los conflictos diplomáticos por la persecución de delitos fuera de territorio español, especialmente el abierto con China por la investigación del genocidio en Tíbet. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, admitió expresamente que su interés es eliminar la justicia universal porque “solo provoca conflictos”. 
Estos movimientos del Ejecutivo español ya han sido valorados por Pekín. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, ha confiado este martes en la "habilidad y sabiduría" del Gobierno español para manejar "apropiadamente" el asunto y mantener el progreso de las "buenas" relaciones entre ambos países. Todo ello después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenara el lunes la busca y captura  de cinco exlíderes comunistas chinos, una decisión calificada por la portavoz como "errónea". 
El Ministerio de Justicia español ha renunciado a cambiar la norma por un proyecto de ley y ha usado la vía insólita esta legislatura de la proposición del PP para eludir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. El texto del PP es tan restrictivo que limita la incautación de droga en alta mar, la lucha contra la ablación y la pederastia y obliga a archivar sumarios como el de la muerte de José Couso en Irak. Precisamente el hermano, Javier, y la madre del cámara de Tele 5, Maribel Permuy, se han reunido este martes con los portavoces de los grupos parlamentarios para pedir que los planes del Ejecutivo no se lleven a cabo. 
Todos los demás grupos han rechazado la iniciativa y así lo defenderán en el pleno. En 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo una primera poda de la justicia universal, pero con acuerdo con el PP y otros partidos.La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, intentó el martes forzar una petición de informe al Poder Judicial, apelando a un precedente de reforma legal. El PP la rechazó en la Mesa con la abstención de CiU. El representante de CiU, Jordi Jané, asegura que su grupo no se plantea apoyar la reforma. Explica que CiU siempre se ha abstenido cuando se trata de pedir ese tipo de informes. El PSOE ha recurrido el rechazo del PP y tendrá respuesta hoy mismo. La reforma podría estar en vigor en un mes y supondrá el archivo de decenas de sumarios.
La severa reducción del espacio de la justicia universal ha sorprendido negativamente a un importante sector de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que la contemplan desde dos vertientes. Un grupo de juristas pone el acento en el hecho de que España dejará de ser un país referente en la protección de los derechos humanos y en la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad.
Otro grupo subraya que el texto presentado por el PP abre espacios de impunidad que dificultan la investigación de graves delitos de crimen organizado transnacional como el narcotráfico y deja sin protección a víctimas de delitos como la trata de blancas o la mutilación genital. Algunos jueces de instrucción meditan la posibilidad de plantear cuestiones de constitucionalidad a medida que se vayan viendo obligados a archivar las causas de justicia universal que tienen abiertas, ya que entienden que podría darse un incumplimiento de los convenios internacionales firmados por España.
Organizaciones como la Asociación pro Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, han hecho público un comunicado en el que recuerdan los convenios firmados por España y lamentan que se interfiera en la independencia del sistema judicial.