.

.

sábado, 16 de noviembre de 2013

La comida justa

Francisco Barboza, ingeniero industrial de 30 años, tiene un prototipo en la cartera, pero está convencido de que pronto estará en las cocinas. Su vida en el extranjero le llevó a crear Kitchen Hub, un proyecto que quedó finalista del Electrolux Design Lab 2013. “Viviendo fuera me di cuenta de la cantidad de comida que acabas tirando. Los datos son escalofriantes. Mi diseño es una declaración de intenciones para un problema de hoy. Aunque no se hable mucho de ello, el 30% de lo que se produce en España va a la basura”, explica Barboza. Por eso ideó este aparato inalámbrico que controla los alimentos que están a punto de caducar, permite hacer listas y recomienda recetas para aprovecharlos.
España es el sexto país de la Unión Europea que más comida desperdicia: 7,7 millones de toneladas, según indica la Comisión Europea. Al año, cada hogar español malgasta 76 kilos de alimentos, según los datos facilitados por el Estudio sobre el desperdicio de alimentos en los hogares. Cataluña y Madrid son las regiones donde se desecha más; en el polo opuesto están Andalucía, Canarias y Galicia.
Paco Muñoz, técnico de la oficina de medio ambiente de la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que, por habitante, España está situada ligeramente por debajo de la media europea y que los datos deben tomarse con precaución porque incluyen toda la cadena. “Debemos ser muy conscientes de que tirar comida no tiene sentido cuando tanta gente no tiene garantizada una alimentación suficiente. También es preciso considerar los efectos económicos y ambientales. La producción de alimentos deja huella en la emisión de gases a la atmósfera, en tierras cultivables innecesariamente y en gasto de agua”, subraya Muñoz.
“Los datos son muy tristes”, asegura Ana Andújar, gerente de Yocomobien.es, empresa que se encarga de planificar un menú semanal, comprar y llevar la cesta a casa. “El objetivo es evitar la pregunta diaria ¿qué hago de comer? y comprar en la justa medida”. Andújar explica que en los hogares con personas de más de 60 años, el desaprovechamiento baja muchísimo: “Quizá porque han vivido otras cosas y con los años aprendes”.
No solo los hogares desechan. Los restaurantes españoles tiran más de 63.000 toneladas de comida al año –el doble que hace dos décadas–, según un informe de Unilever Food Solutions. Estos sobrantes suponen unas pérdidas de más de 255 millones de euros para el sector. En el centro de Copenhague, un grupo de voluntarios ha encontrado la solución. Se llama Rub & Stub, un restaurante que cocina a partir de los alimentos que no quieren algunos de los supermercados de la ciudad, bien porque su aspecto no les permite ponerlos a la venta o porque están a punto de caducar. El proyecto nació hace un año y abrió sus puertas el pasado 13 de septiembre. “Todavía estamos tejiendo la red de proveedores”, reconoce Sophie Sales, voluntaria y cofundadora. No es fácil sistematizar la entrega de los alimentos y lograr variedad. “Lo más difícil ha sido convencer a las empresas para firmar acuerdos. Además trabajamos día a día, con un menú diferente; algunas veces tenemos mucha variedad, y otras no. De momento, el 30% de lo que cocinamos procede de estos supermercados”, explica Sophie, quien subraya que lo importante es centrarse en el gasto de la comida.
Y en casa, ¿qué hacer para aprovechar los recursos? Marc Puig-Pey, miembro de la Fundación Alicia, aconseja planificar (qué hay en la nevera, organizar las compras, ajustar las cantidades), conservar, manipular los alimentos correctamente e intentar cocinar solo lo que ingeriremos. “Debemos abrir nuestra mente y huir de la uniformidad de los productos”, afirma.
“No podemos dejar que algo se tire porque no gusta la forma o el color, ya que cocinado tiene buen sabor; hay que formar a la población en habilidades culinarias que le permitan aprovechar mejor las sobras. Debemos abrir nuestras cocinas y talleres, y demostrar que nosotros no tiramos comida”. Paco Muñoz zanja la cuestión: “La comida que no consigue su fin, alimentar, es un despilfarro imperdonable".

45 diputados del PP valenciano piden el indulto para un exalcalde corrupto

Fue una rebelión soterrada, sin ruido. Un documento que el pasado miércoles circuló por la bancada del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas solicitando el indulto para el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómicoPedro Hernández Mateo, condenado atres años de cárcel y siete de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Y la inmensa mayoría de los diputados —45 sobre 54— del PP lo firmaron sin ningún escrúpulo. El gesto representaba algo más que una muestra de solidaridad con un excompañero condenado. En la práctica era todo un desafío al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, del que se apartaron la mayoría de los pesos pesados del PP valenciano, con la excepción del presidente del parlamento autonómico, Juan Cotino, y del presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus.
Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran desconocer la iniciativa de los parlamentarios valencianos. Las mismas fuentes desvinculan al partido de esa iniciativa y aseguran que no le consta que haya petición de indulto, sino un escrito de apoyo al condenado.
Fabra lleva tiempo diciendo que ningún imputado formará parte de las próximas candidaturas del PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 y en los escaños del PP se sientan hasta ocho diputados con problemas con la justicia; más otro, Rafael Blasco, que ahora forma parte del grupo de no adscritos tras su expulsión por un supuesto fraude de ayudas al tercer mundo en su época de consejero de Solidaridad y Ciudadanía.
Pero, además, la mayoría del grupo está conformado a imagen y semejanza del antiguo presidente, Francisco Camps, que dimitió poco antes de sentarse en el banquillo por su implicación en el caso de los trajes, una derivada de la trama Gürtel. La mayoría de esos diputados sabe que no va a seguir en la próxima legislatura. La firma a favor de Hernández Mateo y el desaire a Fabra les sale gratis.dinero.
Los ocho imputados forman un grupo variopinto. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde de esa ciudad, Luis Díaz Alperi, están implicados en el caso Brugal, una supuesta trama para manipular el urbanismo de la localidad con el objetivo de favorecer al promotor Enrique Ortiz, con quien han compartido yate, regalos y vacaciones. Dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Ángelica Such, se encuentran procesadas por favorecer presuntamente a Orange Market, terminal valenciana de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, en la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur. La fiscalía solicita para Martínez, conocida como La Perla, once años de cárcel y el embargo de sus bienes por un valor de 630.000 euros.
Tres exaltos responsables del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, exsecretario general, exvicesecretario general y extesorera, respectivamente, de los populares valencianos, también tienen que responder ante la justicia por su presunta implicación en la financiación irregular del partido. A estos siete hay que añadir un exvicepresidente del Consell en la época de Camps, Vicente Rambla, que supuestamente actuó de intermediario entre la administración autonómica y el partido para facilitar la supuesta financiación irregular.
La división en el grupo parlamentario es de tal calibre que algunos dirigentes nacionales del PP estaban convencidos de que se iba a producir una fuga de votos cuando se planteó un proposición de Esquerra Unida sobre el mantenimiento de Canal 9 en las Cortes Valencianas. No fue así. El PP actuó como una falange, pese a que la votación era secreta. Pero ayer se abrieron todas las costuras con un tema muy sensible para los cargos públicos del PP.
Andrés Ballester, un diputado amigo de Hernández Mateo, impulsó la recogida de firmas con notable éxito. Salvo los miembros del Gobierno valenciano, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el portavoz del grupo, Jorge Bellver, y un muy escaso número de diputados, el resto firmó un documento que pone en tela de juicio toda la política de líneas rojas establecida por el presidente Fabra.
El vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Ciscar, intentó quitar hierro al asunto: “Los diputados que han pedido el indulto lo han hecho a título totalmente personal. Es legítimo y se suman a una iniciativa vecinal. Yo no la he firmado, ni me he planteado hacerlo”, dijo Ciscar
El presidente de la Diputación de Valencia y el de las Cortes han firmado
“No me agrada que nadie vaya a la cárcel por cuestiones políticas”, explicó este viernes Ballester. “Ha firmado todo el mundo por su propia voluntad”, recalcó el diputado, quien explicó que su iniciativa es una muestra de apoyo a la de los hijos de Hernández Mateo, que intentan que la aceptación a trámite —por parte del Ministerio de Justicia— de la petición de indulto paralice el ingreso en prisión del exalcalde que también alega motivos de salud.
La dirección regional del PP guardó silencio, mientras la oposición exigió a Fabra la desautorización de la iniciativa.

IDILIOS En el Ministerio de Educación

Montserrat Gomendio, la secretaria de Estado de Educación y actual pareja del ministro del mismo ramo, Montserrat Gomendio, y su marido ya están divorciados, según ha sabido LOC.
La sentencia donde se oficializaba la ruptura entre Gomendio y Eduardo Roldán, investigador del CSIC, fue comunicada a la pareja este mes de septiembre, aunque todavía el Juzgado de Familia número 80 de Madrid tiene que dirimir aspectos esenciales como elreparto de bienes dado que la pareja contrajo matrimonio en régimen de gananciales.
El motivo es que ella se niega a ceder a su ex el 50% del patrimonio que ha acumulado durante los 24 años de matrimonio como establece la Ley. El juez ha abierto una investigación para esclarecer a cuánto asciende la fortuna real de Gomendio, que pertenece a una conocida familia de constructores y que se ha convertido en la mujer más rica del Gobierno con un patrimonio declarado de 14,5 millones de euros, tan sólo rebasada por el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles.
La labor investigadora del juez no será fácil dado que al menos cinco de las 18 empresas donde tiene participaciones Gomendio operan en antiguos paraísos fiscales como Panamá o República Dominicana, lo que podría eternizar aún más una batalla judicial que inició la ex investigadora del CSIC en diciembre de 2012.
Seis meses antes, en junio de 2012, la secretaria de Estado había empezado un affaire extramarital con Wert, una pareja ahora en el ojo del huracán por el recorte de las becas Erasmus. Gomendio no se lo comunicaría a su esposo hasta finales de septiembre, según fuentes cercanas al malogrado matrimonio.
Wert tardaría más en sincerarse con su novia pues no fue hasta noviembre cuando daría la mala nueva a la periodista Edurne Uriarte, que abandonó el inmueble que tenían alquilado.
Wert ya convive con Gomendio y viajó con ella y sus dos hijos a República Dominicana este agosto
La relación entre Gomendio y Wert se fraguó en los pasillos del Ministerio. El titular de Educación no la conocería hasta que un ex compañero del BBVA, donde Wert trabajó como director de relaciones corporativas, la recomendó para el Ejecutivo.
El ya ministro, una vez jurado su cargo, mantuvo tres entrevistas con ella para un puesto inferior, pero sorprendido de sus capacidades decidió hacerla secretaria de Estado a pesar de que no venía apadrinada por ningún primer espada del PP.
Cinco meses después de "compartir horas y horas de despacho", según un asesor del Ministerio, comenzarían una relación que llevaron a escondidas hasta el mes de septiembre de 2012 y que ahora no ocultan en las dependencias del edificio ubicado en la calle Alcalá.
Fue ella misma quien le pidió el divorcio al marido informándole de que había conocido a otra persona, aunque no le desveló una identidad, que Roldán conocería más tarde atando cabos por sus propios medios, según fuentes cercanas al ya fallido matrimonio.. Hasta ese momento y, según las mismas fuentes, la pareja vivía aparentemente "una relación idílica".
Ella no tardaría en abandonar el domicilio conyugal y se mudó a un piso de 200 metros en Joaquín Costa, a nombre de una empresa en la que tiene un 75% de participaciones, y donde convive actualmente con el ministro Wert.
Éste ya conoce a sus hijos y en agosto se fue con todos ellos a una de las propiedades que atesora su novia en la lujosa urbanización de Casa de Campo en República Dominicana.

Ministra en la sombra

Gomendio es, según aseguran desde su gabinete, quien controla los hilos el Ministerio. Todo aquel que trabaja en el edificio sabe cuánto poder ha adquirido la novia del titular del ramo, José Ignacio Wert, desde que se hizo pública su relación.
"Ella tiene un poder que no le corresponde y es fruto de su relación. Va a muchos actos como el Festival de San Sebastián a los que no debería. Toma decisiones de forma unilateral sin consultar a unos técnicos a los que no deja reunirse con Wert", cuenta un ex cargo.
Otra fuente asegura que todo aquel que se ha opuesto a sus criterios está ya fuera del Ministerio y recuerda cómo la directora de Universidades, María Amparo Camarero, fue cesada por oponerse al recorte de becas a pesar de que desde el Ministerio se aseguró que la razón residía en que "se llevaba mal" con los rectores.
"Fue Gomendio quien la cesó por llevarle la contraria", dicen. La directora de comunicación, Margarita Mayoral, por su parte, dimitió cansada de las injerencias de Gomendio en la agenda del díscolo ministro.

El fin de semana recibe al invierno

Tras un noviembre de clima inusualmente moderado, la nieve llegará este fin de semana a algunas zonas por debajo de los 1.000 metros y el frío traerá un clima "desapacible y casi invernal", según ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet),Fermín Elizaga.
Así, este viernes la nieve se situará en puntos por encima de 700 metros en el extremo norte peninsular, y esta situación se mantendrá durante la madrugada. Las temperaturas también caerán e incluso habrá máximas de tan solo 10 grados en algunas zonas de la mitad norte de España, mientras que las precipitaciones llegarán al Cantábrico y a Baleares.
A lo largo del sábado, la cota de nieve tenderá a subir hasta los 1.000 metros, con las nevadas más importantes en Cantábrico, Pirineos ySistema Ibérico por encima de 700 metros como cota más baja. En cuanto a las temperaturas, bajarán también pero sólo en la mitad sur peninsular y estas caídas irán acompañadas de vientos fuertes en lazona del nordeste Baleares.
Asimismo, también habrá lluvias y las más fuertes afectarán aBaleares y otras zonas del este peninsular, con la posibilidad de acumular cantidades importantes de agua en el sur de Cataluñasur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana.
Para el domingo continuará la situación "desapacible e inestable" de los días anteriores aunque con algo de menos frio. Las precipitaciones se localizarán en el norte y este peninsular yBaleares y pueden ser fuertes. Mientras, las temperaturas tenderán a subir y también la cota de nieve, aproximadamente hasta los 1.200 metros.
La próxima semana comenzara también con inestabilidad, sobre todo en el este peninsular, donde habrán precipitaciones muy abundantes en zonas cercanas a la costa y también vientos fuertes en el litoral de la Comunidad Valenciana, Cataluña Baleares.
Además, el tiempo será inestable, principalmente en el norte peninsular y en zonas montañosas del interior, si bien el lunes los termómetros tenderán a subir. A partir del miércoles las temperaturas volverán a bajar, acompañadas de una entrada de aire de componente norte sobre la Península que traerá precipitaciones de manera persistente sobre el Cantábrico.

Déficit de lluvias en el Mediterráneo

Por otro lado, Elizaga ha indicado que en lo que va de año hidrológico (1 de octubre de 2013 a 30 de septiembre de 2014) ha llovido un total de 79 litros por metro cuadrado para el conjunto de España, lo que representa un 18% menos que el nivel medio normal, que se sitúa en 96 litros por metro cuadrado.
Por zonas, Elizaga ha indicado que continúa la diferencia entre lavertiente atlántica, con un superávit por las lluvias, y el este peninsular y Baleares.
Así, las cifras registradas en la vertiente atlántica cuentan con un valor superior a lo normal en Galicia, Extremadura, Castilla y León y también el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía, Navarra oPaís Vasco.
Por el contrario, en la vertiente mediterránea y Baleares los valores están "muy por debajo de lo normal" y no alcanzan ni el 25% en varias zonas.

Empresas y sindicatos llegan a un acuerdo para desbloquear la huelga

A las dos menos cuarto de la noche, horas después de que el Ayuntamiento hubiera ejecutado ya su amenaza de acudir ante la justicia y poner la limpieza de las calles de Madrid en manos de la empresa pública Tragsa, las concesionarias y los sindicatos han alcanzado un acuerdo sobre su convenio colectivo. Eso permitiría desactivar en las próximas horas la huelga que durante 11 días ha sepultado la capital bajo toneladas de porquería. Al cierre de esta edición se desconocían las condiciones del acuerdo. El motivo de la protesta es el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por las empresas, pero un acuerdo sobre el convenio colectivo allanará, según los sindicatos, la negociación del ERE.
Sin embargo, la huelga todavía no ha sido desconvocada y, como estaba previsto, a las 4.00 de este sábado salió el dispositivo preparado por la empresa Tragsa para comenzar las labores de limpieza que garanticen los servicios mínimos. El operativo está integrado por 200 personas: 90 trabajadores que se han prestado voluntariamente para la labor y otros 110 empleados contratados a toda prisa mediante empresas de trabajo temporal. Los operarios han estado trabajando con escolta de la Policía Municipal y no se han registrado incidentes. Este dispositivo, formado por pequeños camiones para entrar en el centro de la capital, ha empezado a limpiar las calles a las 4.00, y se mantendrá hasta el final definitivo del conflicto, según adelantó el Ayuntamiento de la ciudad. A las 11.00 de la mañana el dispositivo será sustituido por otro turno para continuar las labores de recogida de basura.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ha estado supervisando y dirigiendo desde la madrugada el despliegue operativo de limpieza en Madrid desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). A las 8.00, los camiones habían recogido ya bastante de la basura acumulada en los últimos días en el centro de la capital y barrios como Lavapiés, Tirso de Molina, Arenal y Cibeles empezaban a notar la mano de los trabajadores de limpieza.
A las cinco de la tarde había expirado el ultimátum de la alcaldesa de Madrid que el pasado miércoles dio 48 horas a las empresas para cumplir los servicios mínimos. Según el Ayuntamiento, durante estos 11 días de huelga no se ha llegado ni al 70% de lo pactado, que establecía que siguieran trabajando cuatro de cada diez barrenderos. El concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, acudió a las siete de la tardea los juzgados de la plaza de Castilla y denunció ante el Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos.
A continuación, anunció la contratación de la empresa estatal Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, para hacer cumplirlos desde las seis de la mañana del sábado y hasta el final de la huelga. Entre tanto, las concesionarias (OHL, Ferrovial, Sacyr y FCC) y los sindicatos (CC OO, UGT y CGT) siguieron negociando durante toda la tarde, en pos de un acuerdo que cerrara el conflicto e hiciera innecesaria la intervención de Tragsa.
Se sentaron a la mesa a las seis de la tarde. Rondando las dos de la madrugada alcanzaron un acuerdo sobre el convenio colectivo, que según los sindicatos allanará automáticamente la reunión que mantendrán para cerrar la negociación sobre el expediente de regulación de empleo que afecta a 1.134 empleados y que fue el detonante de la huelga.
El líder de CC OO en Madrid, Jaime Cedrún, deslizó ayer su deseo de que “no haya heridos” en las calles por la intervención de Tragsa, que, en su opinión, “echa más leña al fuego”. Trabajadores de las contratas se reunieron anoche en la calle Hormigueros, y los sindicatos temen que puedan cargar contra los empleados de la empresa estatal.
Para evitarlo, el Ayuntamiento preparó un fuerte despliegue de seguridad. La Policía Municipal envió a primera hora de ayer una orden urgente a todas las unidades para pedir voluntarios para trabajar el fin de semana. Los mandos montaron un fuerte dispositivo de escolta a los 200 trabajadores de Tragsa: más de 600 agentes (la mitad, antidisturbios) han vigilado los camiones de la empresa pública para evitar que los piqueteros o algún exaltado reviente los servicios mínimos.
El dispositivo lo forman en las primeras horas de la madrugada unas 150 patrullas, que han escoltado a los operarios. Los efectivos de las Unidades Centrales de Seguridad (los antidisturbios de la Policía Municipal) se concentran en las zonas más conflictivos.
Los camiones de Tragsa han salido del Templo de Debod y de la plaza de Legazpi. Desde allí, se han dibujado unas cuadrículas sobre el mapa de Madrid, de forma que las distintas cuadrillas han ido avanzando por toda la ciudad. En el centro, camiones pequeños recogen los residuos y los depositan luego en otros más grandes. Estos son los que se han desplazado al vertedero de Valdemingómez.
Han sido escoltados por coches patrulla para evitar que les pinchen las ruedas o les impidan llegar a su destino, según destacaron fuentes policiales. El resto de patrullas de los distritos se ha encargado de vigilar posibles ataques a contenedores y sedes de las concesionarias. En caso de que fueran necesarios, también podrían sumarse al dispositivo de escolta.
El Cuerpo Nacional de Policía también participa en el operativo. En concreto, las furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) escoltan los camiones de Tragsa desde su sede en el kilómetro 6,800 de la autovía de Toledo (A-42), en el término municipal de Leganés, hasta los dos puntos de reunión. Fuentes policiales explicaron que los antidisturbios también podrían sumarse al despliegue de la Policía Municipal si se producen importantes altercados.
¿Quién pagará estas horas extras? En principio, fuentes municipales explicaron que el sobresueldo se repercutirá a las empresas concesionarias por haber incumplido los servicios mínimos.
CC OO ha acusado al Ayuntamiento ayer de “reventar” la protesta, y ha presentado una denuncia de urgencia ante la Inspección de Trabajo para que verifique si ha contratado a operarios para cubrir servicios mínimos a través de empresas de trabajo temporal. El líder de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, anunció también una denuncia por violación del derecho de huelga.
Hasta ayer, se había detenido a 19 personas por actos de vandalismo. Otras 249 personas han sido identificadas por su posible implicación. La factura por los destrozos roza el millón de euros. Las concesionarias calculan en 454.000 euros los daños sufridos, mientras que el Ayuntamiento añade a esa cifra otros 496.000 euros por 359 contenedores y 877 papeleras reventadas.