Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, firmó un pacto confidencial en junio pasado con los dueños de la agencia de detectives Método 3 para que destruyeran cuantas pruebas tuvieran del presunto espionaje de su comida con Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, que ella misma había denunciado cuatro meses antes.
Camacho acordó en un documento secreto, al que ha tenido acceso EL
PAÍS, destruir “el contenido de la grabación de audio en el restaurante
de La Camarga [Barcelona]” y las pruebas de “que Método 3 [que grabó la
conversación] pagó la comida”. Una grabación que posee el juez que
instruye este caso de espionaje prueba cómo un detective de Método 3
pagó la comida por adelantado y se presentó como el “asistente” de
Sánchez-Camacho que hizo la reserva de la mesa.
Camacho advertía en su pacto escrito a dicha agencia de detectives,
presunta autora de su espionaje, de que ella y su partido podían “haber
tenido conocimiento de la siguiente información, la cual se declara
confidencial”:
— Datos sobre clientes investigados por Método 3.
— Correos electrónicos de los firmantes, así como información privada contenida en soportes digitales.
Un portavoz de la líder del PP catalán eludió en conversación con este periódico explicar y detallar el contenido del acuerdo.
Camacho se comprometía por escrito a destruir las pruebas en su poder
que dañaban a Método 3. El punto primero del pacto señalaba: “Las
partes declaran y reconocen que poseen, unas de las otras, información
sensible que podría afectar a su honor, intimidad y la propia imagen.
Con la finalidad de preservar dicha información en la esfera íntima de
cada una de las partes y, en especial el contenido de la conversación
mantenida en el restaurante de La Camarga el 7 de julio de 2010, las
partes se comprometen a guardar secreto, no divulgándola a terceros”.
Sánchez-Camacho acusó a Método 3 de espiar su comida con la exnovia
de Pujol Ferrusola. El acuerdo por escrito detalla que la dirigente
popular y su partido tienen “información sensible” contra Método 3.
El documento no aclara cómo obtuvo el PP esa información ni cómo
conoció los “clientes, correos y la información policial sobre Método 3”
cuando aún no se había levantado el secreto del sumario del caso del
espionaje, algo que ocurrió el 19 de agosto de 2013, dos meses después.
Francisco Marco, dueño de Método 3, denunció ante la policías que
alguien había entrado en su correo electrónico y que ese material podía
servir de base a amenazas sobre su intimidad. “Alguien activó y
configuró el correo electrónico mail@metodo3.com, desde el teléfono
blackberry que disponía Francisco Marco cuando este se encontraba aún
detenido en los calabozos de las dependencias judiciales, sin disponer
de sus enseres personales, que le fueron intervenidos, en el momento de
su detención, entre ellos su teléfono móvil”, reza en la denuncia
presentada por su abogado. En ella se recoge que en el móvil de Marco,
ya requisado, quedó registrado este mensaje a las 17.16 del 21 de
febrero de 2013: “Enhorabuena, ha configurado correctamente mail@metodo3
con su dispositivo blackberry. Empezará a recibir nuevos mensajes en 20
minutos”. No había orden judicial de intervención teléfonica. Y en su
teléfono, siempre según la denuncia, Marco poseía “correos electrónicos
personales y profesionales, mensajes de texto personales, fotografías
personales e información perteneciente a la esfera más íntima del
denunciante”.
El letrado escogido para guardar el original del pacto entre Camacho,
Método 3 y la exnovia de Pujol Ferrusola es un abogado afín al
exsecretario de Organización del PSC José Zaragoza, presunto mediador
entre Método 3 y Camacho para que, a petición de la dirigente popular,
según los detectives, se grabara la comida. El abogado de uno de los
autores de la grabación ha pedido al juez que cite como testigo a
Zaragoza.
Sobre el acuerdo suscrito entre Método 3 y Sánchez-Camacho, Marco
declaró a EL PAÍS: “Es confidencial. Ha sido Sánchez-Camacho la que ha
confirmado todos los extremos del pacto. Yo no tendría ningún problema
en que Sánchez-Camacho haga público el documento que ella ha corroborado
públicamente que existe”.
El juez ha admitido dos pruebas clave para investigar el caso: que se
identifique a los mossos que tenía como escolta Camacho el 7 de julio
de 2010 y se les cite como testigos y que el PP identifique a la
secretaria que hizo la reserva en La Camarga para su citación como
testigo. Pretende verificar si el PP hizo o no la reserva, si Camacho
tenía escolta en esa fecha y si inspeccionaba por anticipado los locales
donde comía, como ella aseguró al juez. La líder del PP no receló
cuando fue advertida por el dueño de La Camarga de que la víspera había
acudido su “asistente” para visitar el reservado. Y ante el juez
atribuyó esa visita a sus escoltas.
Las defensas de los imputados de Método 3 quieren probar que Camacho consintió su grabación. La dirigente popular lo niega.