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viernes, 4 de octubre de 2013

Siete cambios en la Ley de Tráfico: De los 130 km/h, al casco para ciclistas menores de edad

El Consejo de Ministros aprueba este viernes el proyecto de ley de reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial en el que se modifican varios aspectos de la norma anteriorque afectan, principalmente, a los límites de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, y los ciclistas.
El proyecto ha vuelto al Consejo de Ministros después de que el Ejecutivo aprobara un anteproyecto que fue analizado por el Consejo de Estado.
Ahora será enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación y posterior aprobación.
  • 1
    Nuevos límites de velocidad: 20 y 130
    EFE
    Se aplicarán en ciertos tramos de vías urbanas y autopistas y autovías, respectivamente.
  • 2
    Casco obligatorio para ciclistas menores de edad
    PHOTOS.COM
    En vías urbanas. Hasta ahora, sólo obligatorio en carretera. Interior estudia ampliar esta obligación a los adultos en ciudad.
  • 3
    Prohibidos los detectores de radares
    PHOTOS.COM
    Hasta ahora estaban prohibidos los inhibidores de radar.
  • 4
    Controles de alcoholemia a peatones
    A aquellos que cometan infracciones. Actualmente, sólo se someten cuando son víctimas de accidente o participan en un siniestro.
  • 5
    Sillas bebé: por talla, no por edad
    PHOTOS.COM
    Actualmente, los menores hasta 12 años han de ir en silla bebé. La idea es cambiar el criterio de edad por el de talla, sin especificar aún.
  • 6
    Nuevas multas por alcohol y drogas
    PHOTOS.COM
    Se elevan de 500 euros a 1000 euros por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
  • 7
    Nuevos controles de alcoholemia y drogas
    EFE
    La prueba será mediante saliva como medio habitual. La de contraste será un análisis de sangre.
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La Guardia Civil irrumpe en helicóptero en el depósito de gas Castor

La Guardia Civil ha irrumpido este viernes en la plataforma marina del almacén de gas Castor, ubicado a una veintena de kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona). Varios agentes se han desplazado hasta las instalaciones en helicóptero, con la intención de realizar diversas diligencias para comprobar el funcionamiento de la planta, según han explicado fuentes policiales y una portavoz de la empresa que gestiona el almacén, Escal UGS.
La intervención de los agentes se ha producido después de que la Fiscalía de Castellón abriera esta mañana una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido con el proyecto de almacén de gas subterráneo Castor ubicado frente a las costas de Vinaròs y el creciente número de seísmos provocados en la zona durante las últimas semanas.
El fiscal decano de Castellón, Francisco Sanahuja, ha informado este viernes en un comunicado que a raíz de estos hechos se ha reunido la Junta de Coordinación Provincial y se ha acordado “incoar diligencias de investigación penal con objeto de esclarecer lo ocurrido en relación a los múltiples seísmos sufridos durante las últimas noches”.
La junta, integrada por el fiscal jefe, el teniente fiscal y el fiscal decano, ha abordado este asunto “sin estar en el orden del día”. La decisión se ha tomado sin existir denuncias de ningún colectivo ante el ministerio público. En el encuentro se ha nombrado instructor del caso al fiscal de Medio Ambiente.
La iniciativa del ministerio público surge un día después de que se divulgara que el Gobierno socialista desoyó avisos sobre el peligro de terremotos por el proyecto Castor. La Diputación de Castellón, presidida por Javier Moliner, del PP, aseguró que denunciará a los exministrosCristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos "si la inspección detecta negligencia en la tramitación del proyecto Castor entre 2008 y 2010". La Generalitat valenciana, que se había mantenido en un segundo plano, también se lanzó a anunciar posibles "medidas".
La planta Castor está paralizada por orden del Ministerio de Industria a la espera de los informes que determinen si la actividad de extracción de gas está directamente relacionada con el aumento de la frecuencia y la intensidad de la actividad sísmica en la zona.
Los últimos seísmos -esta mañana se ha registrado uno de 3,7 grados en la escala Richter- han avivado las protestas de los vecinos, que preparan nuevas movilizaciones tras la concentración celebrada anoche en Vinaròs.
Así, esta tarde a las 20.00, vecinos y asociaciones han convocado a través de las redes sociales otra manifestación de protesta en Benicarló. En Alcanar (Tarragona) se ha convocado una marcha el domingo a las 12.00 en el paseo marítimo de las Casas de Alcanar, y el Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón) ha convocado para las 19.00 de este sábado una concentración en "rechazo" a la actividad de la plataforma gasista del proyecto Castor.
Además, una ciudadana de Benicarló (Castellón) ha iniciado una campaña online para pedir al Ministerio de Industria que ordene el cierre "definitivo" del proyecto Castor y el desmantelamiento "inmediato" de la plataforma. La petición, a través de Change.org, está creciendo "rápidamente" y en las últimas horas ha superado las 2.500 firmas de apoyo, según ha informado esta plataforma en un comunicado.

HUMMUS



Ingredientes para 4 personas

570 gr de garbanzos cocidos
1 cucharada de tahini
1/2 zumo de limón
1/2 vasito de aceite de oliva
Sal y pimienta blanca
1 diente de ajo
5 cucharas de yogur griego
Pimentón dulce


Preparación

Escurrimos los garbanzos,los ponemos en el vaso de la trituradora,añadimos el tahini,el zumo del limón,el aceite,el ajo,sin corazón y el yogur,salpimentamos a gusto y trituramos.
Colocamos en un cuenco espolvoreamos con el pimentón,unas gotas de aceite y servimos.

Los estudios reflejan un aumento de la discriminación por parte de los jóvenes españoles

Un 34% de los jóvenes españoles de 15 a 29 años no quiere tener como vecino a un exdelincuente, un grado de intolerancia que ha subido 5,4 puntos desde hace ocho años. Al 21% no les gustaría tener cerca a un exdrogadicto y el 16% prefiere no cruzarse en el descansillo de su casa con un musulmán. En ambos casos la discriminación es cinco puntos mayor que en 2004. Los datos pertenecen al Informe de la Juventud 2012 que elabora el Injuve. Y reflejan lo que los técnicos llaman “distancia social”. El documento, elaborado tras encuestar a 5.000 jóvenes, refleja que el colectivo gitano es el único que mejora su posición. Pese a ello, persiste el racismo: el 14,2% prefiere no tener relación con estos ciudadanos (tres puntos menos).
Del aumento de la intolerancia da idea también el barómetro de Ikuspegi, el Observatorio de la Inmigración de la Universidad del País Vasco y el Gobierno de la comunidad. En 2012, el 21,3% de los encuestados consideraba que se debería expulsar a todos los inmigrantes “irregulares”, frente al 8,8% del año anterior.
La tendencia hacia una creciente discriminación acaba de ser refrendada por el Informe Anual 2013 de SOS Racismo. El apartado que acoge más denuncias es el laboral, “debido probablemente a la crisis económica y sus efectos”. Le siguen los casos relacionados con prestaciones sociales y el acceso a locales públicos. Ambos suponen un tercio de las 107 denuncias llegadas a SOS durante el año 2012.
“Hay racismo latente en todos. Necesitamos diferenciarnos”, dice García Castaño
Almudena Moreno, profesora de Sociología de la Universidad de Valladolid y coautora del Informe de la Juventud 2012, cree que estos datos “expresan la coyuntura en la que vivimos”, pero que es preciso esperar a ver cómo evolucionan estos datos para determinar si se trata o no de un viraje solo circunstancial y abocado a revertir cuando mejore la situación económica. Pone como ejemplo los índices de independencia de los jóvenes españoles. “En el 2000 se empezó a hablar de una tendencia emancipadora que nos iba a llevar a tener números parecidos a Europa. Sin embargo, al final, con la crisis, los jóvenes no se están yendo de casa. Veremos qué sucede con la intolerancia. No creo que vaya a ir a más”. En el caso de los musulmanes, Moreno cree que los datos reflejan la identificación que muchos jóvenes hacen entre seguidores de este credo, integrismo y terrorismo.
El antropólogo Francisco Javier García Castaño, director del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, ve las cosas con algo más de pesimismo: “Sí que hay racismo. Yo de las encuestas no me fío mucho porque expresan un deseo, una actitud”. En su opinión, “hay algo que confirma y refleja que hay construcciones de la diferencia en España: los índices de segregación por escuelas. ¿Por qué en un colegio público de Granada hay un 52% de inmigrantes y en el concertado de al lado no hay casi ninguno? La ideología racista está latente en todos nosotros. Necesitamos diferenciarnos del de al lado y si no es por la etnia, es por la clase social. Algo nos inventamos”.
López Peláez, uno de los autores de La transición de los jóvenes a la vida adulta, de la Fundación La Caixa, cree que “la juventud es muy heterogénea y antes de alarmarse por las encuestas hay que verlas a largo plazo”. “Con la crisis se ha instalado un discurso negativo de los jóvenes. Se habla de sus altas tasas de paro, de su imposibilidad de tener un empleo fijo o de vivir como sus padres. El joven percibe vivir una situación de riesgo y ello le lleva a una prevención hacia lo desconocido y a fortalecer la red familiar que le refugia. Rechaza hacer el esfuerzo de entender a otro distinto de él, de adaptarse”.
“El joven se siente en riesgo y no se esfuerza por entender al otro”, afirma López Peláez
Existe “un sentimiento, no solo de abandono por parte de la clase política a la ciudadanía, sino también de cierta explotación de una hacia la otra, puesto que la crisis no la ha pagado ni la clase política, ni los bancos, sino la ciudadanía”, señala el informe del CIS Representaciones políticas y 15 M.
Según el Informe Raxen 2012, del Movimiento contra la Intolerancia, que se presentó el pasado junio a la Defensora del Pueblo, en España se producen cada año más de 4.000 agresiones contra inmigrantes, gitanos, gente sin hogar u homosexuales por motivos étnicos, sociales o religiosos. Sin embargo, advierte que la cifra puede ser muy superior porque algunas investigaciones indican que solo se denuncian un 4%. Además, calcula que existen unas 1.500 webs xenófobas gestionadas desde territorio español.
La citada encuesta del Injuve refleja que un 14% de los jóvenes se sentiría incómodo junto a un enfermo de sida, 2,2 puntos más que en el 2004. Este incremento coincide con factores como el recorte en los fondos para campañas de prevención o la aprobación en Madrid de una normativa que impide a los enfermos de sida (“enfermedades infectocontagiosas”, indica el texto) optar a una nueva licencia de taxi. Esta medida provocó la recogida de más de 78.000 firmas de protesta a través de Internet.
Pese al aumento, la xenofobia sigue en España por debajo de otros países de la UE
Julio Camacho, director delObservatorio de la Juventud, está convencido de que “no es una tendencia. Es un fenómeno coyuntural por la crisis. Yo no hablaría de riesgo de racismo, sino de desencanto”. “Estamos ante la primera generación globalizada y asume dos ejes claros en su vida: la convivencia global y la sostenibilidad del planeta. Es verdad que estas respuestas de rechazo no van en consonancia, pero la tendencia es hacia la socialización. Su relación con gente en otros países es más estrecha y común que con sus padres y profesores”, prosigue Camacho. “Los jóvenes del 68 fueron revolucionarios por idealismo, por romanticismo, y los de ahora lo van a ser por un sentido práctico”.
Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social en la UNED, comparte la opinión de Camacho: “Yo hablaría de un repunte momentáneo en un momento de extrema penuria. La intolerancia es un reflejo de la inseguridad que sienten los jóvenes”. Es más, recuerda que los movimientos xenófobos —como Plataforma per Catalunya (PxC), o España 2000 en la Comunidad Valenciana— no han crecido de manera especialmente notable en España, a diferencia de lo sucedido en otros países europeos: “Han conseguido algunos concejales, pero para la que está cayendo es muy poco. Aunque, evidentemente, los partidos políticos, los investigadores o las familias debemos estar pendientes”.
Algunas autoridades caldean el ambiente con discursos contra los inmigrantes
“La gente tiene más sensación de inseguridad y los medios de comunicación informan de formas de violencia a la que no estamos acostumbrados”, encuentra explicación Camacho a la discriminación a los exdelincuentes. De hecho, aprueba la pena de muerte un 42,8% de los jóvenes. Lo que sorprende más es la intolerancia a los inmigrantes —ser vecino de un foráneo no convence al 12,4%, tres puntos más que en 2004— cuando esta generación se ha criado con ellos, pues sus años escolares coinciden con los de la llegada a España de unos extranjeros que ahora abandonan el país expulsados por la crisis. Y más cuando las cifras de racismo en las aulas no son alarmantes. El Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad de Princeton han encuestado recientemente a 6.900 hijos de inmigrantes de 180 centros y menos de un 10% dijo haberse sentido discriminado.
Un informe de la UE pone de manifiesto, sin embargo, el inferior arraigo de la xenofobia en la sociedad española en comparación con poblaciones con un porcentaje de inmigración similar (12,2%), como Bélgica o Austria. Solo hace falta echar una ojeada a los titulares más recientes: en Rusia se ha prohibido lo que denominan “propaganda homosexual”, todo un ataque a la población gay; en Francia, el discurso contra los gitanos ha sido incorporado incluso por el ministro del Interior, hijo y nieto de republicanos españoles; y en Italia, este año, un vicepresidente del Senado comparó a una ministra de origen congoleño con un orangután.
La ONU echa de menos un liderazgo político claro contra el racismo
Un reciente análisis del relator especial de la ONU sobre racismo, Mutuma Ruteere, remarcaba que, aunque España ha realizado “notables avances para solucionar el problema del racismo y la xenofobia (...), falta un liderazgo político claro y más visible para combatirlo”. Algo que, en su opinión, resulta especialmente necesario en un momento en el que se asiste a una “incitación al odio en Internet y en las redes sociales”.
Amnistía Internacional comparte el diagnóstico de la ONU. “La lucha contra el racismo es una asignatura pendiente de los Gobiernos. No hay políticas activas y contundentes de sensibilización y persecución como existen en Suecia o Reino Unido”, explica María Serrano, su portavoz. “Zapatero, a finales de su última legislatura, presentó una estrategia nacional contra el racismo que se ha quedado en nada”. Amnistía Internacional lamenta que no haya cifras oficiales de actos de racismo y critica que las autoridades estigmatizan a los inmigrantes, asegurando que abusan de la sanidad pública y que no contribuyen al desarrollo del país. En opinión de Serrano, los jóvenes adoptan actitudes discriminatorias que son “validadas socialmente y se esconden detrás del anonimato de las redes sociales para expresar un racismo que reproduce estereotipos”.
Un 42,8% de los jóvenes apoya la pena de muerte, según el Injuve
¿Quiénes forman ese colectivo disgregador? “Tradicionalmente jóvenes con pocos estudios. Pero ahora también hay universitarios que ven amenazado su puesto de trabajo y responden de esta forma”, señala la experta. Los jóvenes son, de hecho, el granero habitual de los partidos xenófobos. Y el deporte, con el boxeo y el fútbol a la cabeza, sirve a menudo como aglutinador, según concluye la valenciana Anna López en su tesis sobre el partido político España 2000. En Silla (Valencia) este grupo tiene 500 afiliados, la mayoría jóvenes seducidos en el gimnasio por su líder.
Hay expertos como Carles Feixa, antropólogo social de la Universidad de Lleida, que prefieren poner el foco en la ola de solidaridad a la que asistimos en un momento de auténtico derrumbe económico. “Las coyunturas de escasez o de crisis no necesariamente fomentan la intolerancia, sino que pueden reforzar la ayuda mutua y la cooperación. Los jóvenes españoles, cualquiera que sea su relación con la educación y con el mercado laboral, saben que en la aventura de hacerse adulto no hay rutas fijas, y que es algo que les afecta a todos, más allá de su origen étnico, condición social o identidad sexual”, razona Feixa.
“Otra cosa es la tolerancia en las relaciones interpersonales. Si ahora se muestran más intolerantes —aunque los porcentajes no son dramáticos— es precisamente porque la sociedad es más plural que hace 10 años: la diversidad étnica, sexual y cultural es cada vez más visible, lo que en buena lógica provoca una reacción contraria”, prosigue Feixa. En su opinión, “si hay un leve aumento de la intolerancia ideológica es, precisamente, porque la tolerancia cotidiana se ha hecho más efectiva”.

El Consejo de Ministros aprobará hoy la reforma de la Ley de Tráfico

El Consejo de Ministros dará hoy luz verde y enviará al Congreso la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que, entre otras cosas, permitirá subir la velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovía y autopista e incrementar de 500 a 1.000 euros la multa por alcoholemia.
Si se cumplen las previsiones del Ministerio del Interior, la reforma podría entrar en vigor una vez aprobada por el Parlamento. Tras este trámite, comenzará el nuevo Reglamento de Circulación, que deberá incorporar algunas de las medidas de la reforma de la Ley de Tráfico para estar vigente en primavera.
Probablemente la reforma que más polémica ha generado, y que se incluye en el proyecto de ley, es la obligación de que los ciclistas utilicen casco en vías urbanas. Actualmente es sólo obligatorio en carretera. La medida ha causado el rechazo de asociaciones de ciclistas y algunos ayuntamientos. El anteproyecto de la reforma incluye la obligatoriedad del uso del casco en ciudad "en cualquier caso para los menores de 18 años", aunque esa obligación podría ampliarse posteriormente a todas las edades, ya que el borrador de reforma del Reglamento General de Circulación en el que está trabajando el Gobierno en paralelo a la reforma de Ley prevé que todos los ciclistas tengan que usarlo.
Desde que arrancó el curso parlamentario, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso está debatiendo la medida y escuchando a expertos para fijar un criterio. Hasta el momento han pasado por la comisión asociaciones de ciclistas, fabricantes de bicicletas, la Red de Ciudades por la Bicicleta, ciclistas profesionales y expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que han mostrado su oposición a que se obligue a usar casco en ciudad porque podría desincentivar el uso de este vehículo.
El exciclista y representante de Ciclistas Profesionales Perico Delgado, que intervino en la comisión el pasado 25 de septiembre, se opuso a la medida porque sería "crear un problema donde no lo hay", en lugar de fijarse "en lo que se hace en países del entorno". Además, opinó que para reducir los accidentes lo más útil sería "estimular" el uso de la bicicleta, ya que "cuantas más ciclistas haya en las carreteras, más seguro será".
Desde los fabricantes de bicicletas, el secretario general de la Asociación de Fabricantes y Marca de Bicicleta (Ambe), Carlos Núñez, indicó que la medida "puede ocasionar una daño irreparable" a un sector que emplea a 14.000 personas y pidió que "no se envíe un torpedo a la línea de flotación" de la industria, al imponer una medida que no ha demostrado que reduzca los accidentes.
Por su parte, la directora de Tráfico, María Seguí, que fue la que propuso llevar el debate al Congreso, aseguró en mayo en esa comisión que no tiene "ninguna duda respecto del efecto beneficioso" de la medida. Así, en distintas ocasiones ha defendido que los beneficios del uso del casco en ciudad son "incuestionables", así como la "evidencia" científica que existe sobre la eficacia de esta medida a la hora de "reducir las lesiones".
La reforma de la Ley de Tráfico incluye pruebas de drogas y alcohol a los peatones que infrinjan normas de circulación y no solo a aquellos que sean víctimas o copartícipes de un siniestro. Además, el texto prohíbe el uso de detectores de radar y regula los sistemas de retención infantil, que pasan de un sistema de edad a uno de talla, con una previsión de 135 centímetros, salvo excepciones.
También deja preparado el anexo que incluirá el futuro reglamento con losnuevos límites de velocidad, toda vez que la pretensión de la Dirección General de Tráfico es aumentar el máximo a 130 kilómetros por hora en determinados tramos y condiciones de autovías y autopistas y rebajarlo en las carreteras convencionales e, incluso, en algunas calles de las ciudades.