domingo, 9 de junio de 2013
Miles de personas reclaman “juicio y castigo” para la banca por los desahucios
Miles de personas (5.000, según los organizadores) han recorrido este
sábado el centro de Madrid para reclamar "juicio y castigo" a los
responsables de las principales entidades bancarias por los desahucios.
La Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) convocó esta manifestación en un nuevo giro de su protesta, tras la aprobación de la ley hipotecaria,
la Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración
de la Deuda y Alquiler Social, en la que los antidesahucio no vieron
reflejadas sus peticiones respaldadas por 1,5 millones de firmas en una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
El recorrido diseñado para la marcha, que fue comunicada con
antelación a la Delegación de Gobierno, incluía la lectura de
comunicados de denuncia en la puerta o los alrededores el Ayuntamiento
de Madrid, el Banco de España o la Audiencia Nacional. La marcha ha
arrancado frente a la sede de la Asociación Española de Banca, en la
céntrica calle de Velázquez, en la que han acusado a sus responsables de
permitir actuaciones "al margen de todo control".
Los participantes portaban pancartas en las que se leían frases como
"Unos palacios, otros desahucios" y grandes carteles con las caras en
blanco y negro de responsables financieros como Isidre Fainé (presidente
de La Caixa); del ministro de Economía y Competitividad, Luis de
Guindos; Francisco González (presidente del BBVA); Emilio Botín
(presidente del Santander) o Rodrigo Rato, expresidente de Bankia. Bajo
todos los rostros, la misma frase: "juicio y castigo".
El año pasado los bancos se quedaron con 38.778 viviendas de primera y
segunda residencia, según la cifra ofrecida por el Colegio de
Registradores de España. La PAH alude a más de 400.000 desde el inicio
de la crisis. Han lanzado consignas contra las entidades financieras
("el próximo suicidio que sea de un banquero", gritaban) y también
contra los políticos, con frases como "Rajoy y Cospedal a Soto del
Real".
"No han aceptado los mínimos que reclamábamos en la ILP", ha
explicado Cristina Escribano, de la PAH de Madrid, en referencia a la
dación en pago, el alquiler social y la paralización de todos los
desahucios. "Por eso subimos las apuestas y hemos puesto en marcha una
comisión de la verdad para destapar a los culpables de la estafa
hipotecaria", según la activista.
Entre los participantes, Aida Quinatoa, ecuatoriana de 46 años,
inmersa en un proceso penal con "otros 50 afectados", según ha
explicado, porque su hipoteca incluía cláusulas abusivas contra las que
se pronunció el Tribunal Europeo de Justicia. "El Gobierno está haciendo
arreglos poco a poco, aunque sea con chapuzas. El problema ya está en
la sociedad y faltan pocos pasos para que se haga justicia", ha
destacado.
Hace meses que los integrantes de la PAH se dividieron por grupos de
afectados correspondientes a las distintas entidades bancarias. Pablo
López, de 50 años, es uno de los portavoces del grupo de afectados de
UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios). "La actitud de los bancos está
cambiando, pero son sobre todo los juzgados los que esán dando marcha
atrás a los desahucios por las claúsulas abusivas, las entidades tienen
que cambiar aún más", ha dicho.
Frente al Ayuntamiento de Madrid, han denunciado la actuación de las
empresas públicas de vivienda -entre las que han citado la Empresa
Municipal de Vivienda y Suelo, que corresponde al Consistorio o el Ivima
(Instituto de la Vivienda de Madrid), gestionado desde la Comunidad de
Madrid- por "dejar a familias enteras en la calle. La comitiva no ha
llegado a parar frente al Banco de España, situado al otro lado de la
Plaza de Cibeles, pero sí han acusado a sus responsables en un
comunicado leído en voz alta de "dejar de cumplir sus deberes de
vigilancia".
La manifestación, de más de dos horas de duración, ha transcurrido
sin incidentes. Solo ha habido momentos de tensión en el Paseo de la
Castellana, que ha quedado cortada al tráfico, cuando parte de los
manifestantes han comenzado a grabar y hacer fotografías a uno de los
agentes del Cuerpo Nacional de Policía que vigilaban la protesta y que, a
su vez, les estaba grabando. "¡Poli uniformado, mañana desahuciado!" o
"¡Vergüenza, vergüenza!", le gritaban.
Antes de la última parada, a unas calles de Audiencia Nacional, la
Orquesta Solfónica del 15-M ha interpretado varias canciones, como Romance de la Alondra Desahuciada.
"No vamos a parar hasta ver a esos personajes de las fotos desfilando
ante la Audiencia Nacional", ha señalado Rafael Mayoral, abogado de la
plataforma. "Una parte de la solución es el derecho a la justicia, que
los banqueros acaben en prisión".
El PP lograría una apurada victoria del PP en las europeas, según Metroscopia
Si las elecciones al Parlamento Europeo se celebraran ahora, el PP
seguiría siendo el partido más votado, aunque con escasa ventaja y con
un notable desgaste con respecto a anteriores citas en las urnas, según un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS.
Queda un año justo para los comicios y ese tiempo en momentos de
crisis económica y política es una eternidad. Faltan por despejar
incógnitas fundamentales, como los nombres de los cabezas de lista, si
el líder del PSOE sigue siendo Alfredo Pérez Rubalcaba
o si se han celebrado ya primarias, si se concreta alguna opción
electoral que agrupe a movimientos ciudadanos, si ha avanzado el desafío soberanista en Cataluña y, sobre todo, si la situación económica ha remontado.
A todos esos factores hay que sumar que las elecciones europeas son
siempre propicias para castigar a los Gobiernos y para el ascenso de
opciones no mayoritarias. Los politólogos suelen considerar esos
comicios continentales como una especie de macroencuesta real, que
determina el clima político pero que carece de consecuencias
institucionales.
Con esas prevenciones, el panorama, un año antes, es de confirmación
del desgaste de los dos grandes partidos y del ascenso de Izquierda
Unida y UPyD, consolidados desde hace meses como las opciones
favorecidas por el hundimiento del bipartidismo.
En todo caso, a día de hoy, según el sondeo, el PP ganaría con el
27,2% de los votos, es decir, 15 puntos menos del resultado de las
europeas de 2009 y más de 17 menos del de las generales de 2011.
Los populares tendrían una ventaja de solo 1,2 puntos sobre el PSOE,
que también bajaría 12 puntos respecto a las europeas anteriores y más
de dos sobre las generales. Esa escasa diferencia entre los dos partidos
mayoritarios permite a los socialistas soñar con una victoria electoral
que no logran desde las generales de 2008. En Ferraz confían en que
dentro de un año pese más el deseo de los ciudadanos de castigar al
Gobierno del PP que el recelo en torno a los socialistas, que puede
agravarse o mitigarse en función de cómo resuelvan su dura travesía del
desierto.
En el caso del PP, perder esas elecciones a la Eurocámara marcaría
negativa y significativamente la segunda parte de la legislatura y las
decisiones de Mariano Rajoy.
IU quedaría a 12 puntos del PSOE, muy lejos del sueño de superar a
los socialistas, pero duplicando su resultado anterior. También UPyD
multiplicaría por dos su resultado, hasta lograr el 10,3%.
La encuesta muestra que el descenso de los dos grandes partidos, que
se mantiene de forma sostenida en la serie histórica, sería menor en
esas elecciones europeas y, además, se ha mitigado la caída en el último
mes.
La explicación a lo primero reside en el hecho de que los votantes
descontentos pueden estar dispuestos a ir a las urnas, aunque sea a
rastras y con prevenciones, para evitar una victoria del adversario.
También habría que tener en cuenta hasta qué punto se perciben como voto
o rechazo a los líderes de los partidos unas elecciones con candidatos
distintos y, previsiblemente, distanciados de ellos. Por ejemplo, si el
PP buscara un candidato identificado con el sector más aznarista.
Respecto a la comparación con la encuesta del mes pasado, hay una
recuperación de dos puntos en el caso del PP y de 1,3 en el del PSOE. La
prevención es que las modificaciones solo deben apreciarse cuando se
repiten durante varios meses y se advierte que no son coyunturales, sino
fruto de una tendencia.
En este caso, la recuperación de ambos partidos va acompañada de
mejoras en las valoraciones del Gobierno y de la oposición. Desde la
anterior encuesta se han producido los acercamientos para un pacto,
aunque sea muy limitado, para la próxima cumbre europea del 27 de junio.
Y, sobre todo, se ha conocido la cifra de paro de mayo, aireada por el
Gobierno como la muestra de un cambio de tendencia en medio del clima de
pesimismo. No obstante, el 79% desconfía del dato y asume que en breve
subirá el desempleo.
La mejora se traslada al conjunto del Gobierno, porque entre los
votantes del PP solo suspenden tres ministros, cuando antes eran siete.
Suiza vota a favor de endurecer la ley de asilo a los refugiados en un referéndum
Los suizos votaron a favor de endurecer la ley de asilo en un referéndum celebrado hoy en todo el país, según los primeros resultados adelantados por la televisión suiza.
De acuerdo con los resultados de nueve de los 23 cantones, los suizos habrían rechazado que el Consejo Federal (Gobierno) sea elegido por sufragio directo, y prefieren que lo siga haciendo el Parlamento.
Como en la mayoría de las convocatorias de referéndum, la decisión popular ya está tomada, dado que la mayor parte de los ciudadanos votan por correo con anticipación, aunque el resultado no se sabrá hasta que se abran las urnas al final de la jornada.
La primera iniciativas popular fue presentada por el partido de Los Verdes y varias ONG que se oponen a una ley que obstaculiza el procedimiento de solicitud y obtención del estatuto de refugiado.
El pasado septiembre el Consejo Federal (Gobierno) endureció la ley de asilo, una reforma que fue posteriormente aprobada por el Parlamento el 28 de ese mes y entró en vigor al día siguiente.
No obstante los esfuerzos de la izquierda, todos los sondeos indican que la iniciativa será rechazada ampliamente: más de un 57% de los ciudadanos votarán en contra.
La reforma permite al Gobierno acelere los trámites y reducir el tiempo de recurso de 30 a 10 días y niega la posibilidad de que el rechazo a ejercer el servicio militar sirva como excusa para solicitar asilo, pero sobre todo modifica lo que hasta ahora era una excepción suiza en Europa: el poder presentar una solicitud en las embajadas en el Exterior.
Además, la modificación establece la creación de centros de acogida especiales para aquellos solicitantes de asilo que presenten un comportamiento "no adecuado".
La reforma cuenta con el apoyo del Consejo Federal y de todos los partidos de derechas, que rechazan abiertamente el objetivo del referéndum de anularla, que sólo cuenta con el apoyo de los Verdes y del Partido Socialista.
Éstos argumentan que el hecho de suprimir el trámite en las embajadas obligará a muchos solicitantes a acudir a la inmigración ilegal y al pago de "coyotes" para alcanzar las fronteras suizas.
La segunda convocatoria de hoy busca que los siete miembros del Consejo Federal, ahora elegidos por el Parlamento y que representan casi completamente todo el arco político, sean escogidos por la población cada cuatro años por sufragio directo.
La propuesta es de la UDC, el partido ultraderechista y mayoritario en el Parlamento, que ve cómo el apoyo que obtiene en las urnas no se traduce en el número de puestos que obtiene en el gobierno colegiado.
La UDC argumenta que la reforma permitirá subsanar el "déficit democrático" de un país que ejerce la democracia directa con sorprendente y efectiva asiduidad.
Los detractores de la iniciativa alegan que la reforma desestabilizaría las instituciones, y que además llevaría a la Confederación Helvética a un sistema como el estadounidense, donde aquellos que tienen más recursos financieros alcanzan el poder gracias a una mayor inversión en la campaña electoral.
No obstante, el esfuerzo de la UDC será en vano, porque según todos los sondeos la iniciativa será rechazada por más del 66% de los electores, que ya están contentos con un sistema que hace farragosa y poco ágil la toma de decisiones, pero que permite que todas las políticas aplicadas cuenten con un amplio consenso.
De acuerdo con los resultados de nueve de los 23 cantones, los suizos habrían rechazado que el Consejo Federal (Gobierno) sea elegido por sufragio directo, y prefieren que lo siga haciendo el Parlamento.
Como en la mayoría de las convocatorias de referéndum, la decisión popular ya está tomada, dado que la mayor parte de los ciudadanos votan por correo con anticipación, aunque el resultado no se sabrá hasta que se abran las urnas al final de la jornada.
La primera iniciativas popular fue presentada por el partido de Los Verdes y varias ONG que se oponen a una ley que obstaculiza el procedimiento de solicitud y obtención del estatuto de refugiado.
El pasado septiembre el Consejo Federal (Gobierno) endureció la ley de asilo, una reforma que fue posteriormente aprobada por el Parlamento el 28 de ese mes y entró en vigor al día siguiente.
No obstante los esfuerzos de la izquierda, todos los sondeos indican que la iniciativa será rechazada ampliamente: más de un 57% de los ciudadanos votarán en contra.
La reforma permite al Gobierno acelere los trámites y reducir el tiempo de recurso de 30 a 10 días y niega la posibilidad de que el rechazo a ejercer el servicio militar sirva como excusa para solicitar asilo, pero sobre todo modifica lo que hasta ahora era una excepción suiza en Europa: el poder presentar una solicitud en las embajadas en el Exterior.
Además, la modificación establece la creación de centros de acogida especiales para aquellos solicitantes de asilo que presenten un comportamiento "no adecuado".
La reforma cuenta con el apoyo del Consejo Federal y de todos los partidos de derechas, que rechazan abiertamente el objetivo del referéndum de anularla, que sólo cuenta con el apoyo de los Verdes y del Partido Socialista.
Éstos argumentan que el hecho de suprimir el trámite en las embajadas obligará a muchos solicitantes a acudir a la inmigración ilegal y al pago de "coyotes" para alcanzar las fronteras suizas.
La segunda convocatoria de hoy busca que los siete miembros del Consejo Federal, ahora elegidos por el Parlamento y que representan casi completamente todo el arco político, sean escogidos por la población cada cuatro años por sufragio directo.
La propuesta es de la UDC, el partido ultraderechista y mayoritario en el Parlamento, que ve cómo el apoyo que obtiene en las urnas no se traduce en el número de puestos que obtiene en el gobierno colegiado.
La UDC argumenta que la reforma permitirá subsanar el "déficit democrático" de un país que ejerce la democracia directa con sorprendente y efectiva asiduidad.
Los detractores de la iniciativa alegan que la reforma desestabilizaría las instituciones, y que además llevaría a la Confederación Helvética a un sistema como el estadounidense, donde aquellos que tienen más recursos financieros alcanzan el poder gracias a una mayor inversión en la campaña electoral.
No obstante, el esfuerzo de la UDC será en vano, porque según todos los sondeos la iniciativa será rechazada por más del 66% de los electores, que ya están contentos con un sistema que hace farragosa y poco ágil la toma de decisiones, pero que permite que todas las políticas aplicadas cuenten con un amplio consenso.
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