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viernes, 3 de mayo de 2013

Le niegan la nacionalidad española por no saber quién escribió 'El Quijote'

La Audiencia Nacional ha denegado la concesión de la nacionalidad española a una ciudadana de la República Dominicana que reside legalmente en España desde 2005 por no haber justificado lo suficiente grado de integración social, algo que, según su sentencia, se desprende de sus respuestas a dos exámenes "de integración" en las que, por ejemplo, situó a Cataluña entre los países que limitaban con España.
Aunque la Sala de lo Contencioso de la Audiencia -que ha desestimado el recurso presentado contra una previa resolución denegatoria del Ministerio de Justicia- reconoce que la mujer "acredita un cierto arraigo laboral y conoce naturalmente la lengua española al formar parte de la comunidad iberoamericana", en cambio "los dos exámenes de integración que se le realizan demuestran que la interesada desconoce aspectos básicos y elementales de la cultura y de la realidad institucional y geográfica de España, cuyo desconocimiento no puede pasarse por alto, pues denota un deficiente grado de integración en la sociedad española".
Así, aunque la aspirante -que ha estado empadronada en los municipios de Almería, El Ejido y Barcelona, y que en 2011 tenía acreditados 1.563 días de alta en el sistema de la Seguridad Social- conocía el nombre del Rey y el del presidente del Gobierno, no supo decir, en cambio, cómo se llama la Reina, ni cuáles eran los colores de la bandera española –contestó que era "amarilla, roja y blanca y un escudo".
Tampoco supo decir qué régimen político tiene España, cuáles eran las provincias de Cataluña, quién escribió El Quijote, ni pudo mencionar a un solo director de cine español. La mujer también se enfrentó a preguntas de dudoso conocimiento entre la mayoría de la propia población española, como cuál era el dibujo de la bandera de Andalucía. Respondió "letras".
La defensa de la ciudadana de la República Dominicana argumentó en su recurso que su cliente conoce la lengua española, que está plenamente integrada en el estilo de vida y cultura españoles, y que dudaba mucho de que la ignorancia respecto de algunas preguntas que se le formularon en los exámenes de integración en el Registro Civil pueda ser causa suficiente para denegar la nacionalidad.

Informes favorables

Asimismo, puso especial énfasis en los iniciales informes favorables del Ministerio Fiscal y del juez encargado, por lo que terminaba suplicando la concesión de la nacionalidad española, que finalmente la Audiencia Nacional ha denegado.
El caso de esta ciudadana dominicana puede equipararse al de Magou Ndoye, un senegalés que vive desde hace 15 años con su familia en Almería, donde trabaja como vendedor ambulante, y quien asegura que el Ministerio de Justicia le ha denegado la nacionalidad española porque al responder al mismo examen no supo decir el nombre de la mujer del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Tras la denegación de la nacionalidad a finales de enero, por "no haberse demostrado el grado de integración en la sociedad española", y al considerar que se había cometido con él una injusticia, pues asegura que sólo restaba el trámite del cuestionario, en el que afirma haber respondido correctamente "a la inmensa mayoría de las preguntas", Magou Ndoye acudió al abogado Marcelo Quílez, quien ha presentado un recurso que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite.
En él exponía que su defendido está plenamente integrado en la sociedad y que el examen que tuvo que superar carecía de toda lógica, pues sus preguntas eran arbitrarias, como también podrían parecer algunas a las que tuvo que enfrentarse la mujer dominicana.

Ya son más de 500 los muertos por el derrumbe del edificio de Bangladesh

El rescate de nuevos cuerpos sin vida de entre los escombros del edificio que se derrumbó en Bangladesh actualiza la cifra de fallecidos en más de 500 personas, según el último balance oficial de víctimas mortales efectuado por el Ejército. En las últimas horas se han recuperado otros 55 cadáveres de entre las ruinas del edificio de Savar, localidad vecina de Dacca.
"El número de muertos asciende a 501" ha declarado el teniente Mir Rabbi desde la sala habilitada para dirigir las operaciones de rescate. Este nuevo balance actualiza fatídicamente la última cifra oficial de 482 personas, básicamente los trabajadores de talleres textiles que albergaba el inmueble de nueve plantas.
Las autoridades han cerrado otra fábrica cercana al complejo textil que se derrumbó al inició de esta semana porque el inmueble presentaba grietas.
Precisamente, el alcalde de la localidad industrial de Savar, Mohamed Refatulá, fue destituido ayer acusado de "negligencia" e "inacción" por no haber ordenado el cierre del edificio, en el que trabajaban unas 3.000 de personas, pese a que un día antes del siniestro habían aparecido grietas en el inmueble.
El edificio albergaba talleres textiles que producían ropa para marcas occidentales, entre ellas Primark, El Corte Inglés, Bon Marche y Joe Fresh. Estas compañías han confirmado producir en alguna de las empresas locales implicadas en el siniestro y otras como Mango habían hecho pedidos de prueba en los talleres.

El hermano del ministro Wert dará clase en la calle como 'opción a los recortes'

El profesor de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Pablo Wert, hermano del ministro de Educación, será uno de los docentes que el martes 7 de mayo den clase en la calle para ofrecer a los alumnos "una alternativa a los recortes" y mostrarles la "importancia de la educación".
Esta iniciativa se enmarca en la propuesta que han realizado alumnos y profesores del Campus de la UCLM en Ciudad Real para trasladar las aulas a la Plaza del Pilar de esa ciudad con el objetivo de mostrar el malestar de la comunidad educativa por los recortes en la financiación pública.
Juan Pablo Wert ha explicado que su única intención como ciudadano y profesor es hacer ver a los alumnos que, más allá de los recortes en Educación, existen "otras ideas y otros recursos para superar la actual coyuntura".
El docente ha querido dejar claro que su propósito no es hacer "ni una protesta ni una huelga", sino simplemente trasladar su "aula a la calle para ofrecer una alternativa a la realidad de los recortes" con el fin de "estimular, más que censurar".
El profesor, que disertará sobre "Clases en la calle" de 11.00 a 12.00 horas el próximo martes ha insistido en que sus reflexiones irán en la línea de vincular "educación y ciudadanía". Para Juan Pablo Wert, es importante no recortar recursos en Educación y sí, por ejemplo, en "los sueldos de los directivos bancarios".

'Derecho a discrepar'

Preguntado por si esta iniciativa le puede provocar algún conflicto con su hermano, el ministro de Educación, el profesor ha confiado en que no "interfiera lo más mínimo", pero ha indicado que existe el "derecho a discrepar". "Los vínculos de sangre son una cosa y las discrepancias políticas son otras", ha aclarado.
Juan Pablo Wert ha comentado que su clase estará orientada a subrayar la importancia de la educación en la calle pues, a su juicio, esta materia está presente en "el contexto político, social y económico, y en la sociedad en su conjunto".
Además, Wert mostrará a sus alumnos las definiciones clásicas de política para no "confundir este término, por ejemplo, con partidista", ya que se ha quejado de que "ciertos sectores han lastrado por los suelos la definición de política".
Esta mañana, alumnos y profesores del Campus de Ciudad Real han presentado la iniciativa "Unienlacallecastillalamancha". El presidente del Comité de Empresa de la UCLM, Francisco Trillo, ha explicado que la Plaza del Pilar de Ciudad Real será el espacio en el cual profesores y alumnos "muestren el malestar de la comunidad universitaria" y al mismo tiempo donde comportan con la sociedad la "preocupación" por el deterioro de las condiciones laborales.
Trillo ha advertido de que para el próximo curso se intuye un nuevo adelgazamiento de la plantilla de profesores asociados en la UCLM, como ya ocurrió el año pasado, donde se despidieron a más de 200 docentes. Por estos motivos, una docena de profesores se han prestado de forma voluntaria a dar las clases en la calle y esperan que acudan una media de 60 alumnos por charla.

La valoración de la Monarquía toca suelo

La institución de la Monarquía ha registrado su peor dato de valoración en una encuesta del CIS. El barómetro correspondiente al mes de abril le otorga una nota de 3,68, el peor de su historía. La última vez que el CIS preguntó por esta institución, en octubre de 2011, registró su primer suspenso con un 4,89.
Además, los españoles sitúan por primera a la Monarquía entre los principales problemas. La encuesta refleja que la Monarquía preocupa al 0,9% de la ciudadanía. El paro, la corrupción y los políticos son las primeras preocupaciones entre los españoles, a las que se une ahora la inquietud por la situación económica.
Se da la circunstancia de que este último barómetro del CIS fue realizado en los días en que el juez José Castro decidió citar como imputada a la hija menor del Rey, la Infanta Cristina, en el 'caso Urdangarin'.
De esta forma, la Monarquía figura en sexto lugar en la lista de las instituciones, por debajo de la Guardia Civil (5,71), la Policía (5,65), las Fuerzas Armadas (5,21), los medios de comunicación (4,79) y el Defensor del Pueblo (3,94).
Eso sí, la Corona queda muy encima de los partidos políticos y del Gobierno, que cierran la lista con un 1,83 y 2,42 puntos, respectivamente.
El último sondeo del CIS que incluyó una pregunta para evaluar la confianza que en los ciudadanos suscitan las instituciones, incluida la Monarquía, que data de octubre de 2011, los encuestados le dieron una nota media de 4,89 puntos, por detrás de los medios de comunicación (4,97) y de las Fuerzas Armadas (5,65), que repitieron en el primer puesto.
Sólo las Fuerzas Armadas conseguían en ese muestreo una puntuación superior al aprobado, mientras que la Monarquía veía rebajada su nota anterior y pasaba del segundo al tercer puesto de la lista.
Antes, el CIS había pulsado la opinión ciudadana sobre la Monarquía en noviembre de 2010, barómetro que le concedía una nota media de 5,36, sólo superada por los 5,71 puntos de las Fuerzas Armadas.
Hasta 2004, la Monarquía ocupó tradicionalmente el primer puesto como institución que más confianza ofrecía a los españoles que le daban un 7,4 en 1995; un 6,6 en 1996 y un 6,72 en 1998, hasta que fue adelantada por décimas por las fuerzas de seguridad y el Defensor del Pueblo.
Según el CIS de hoy, tras la Monarquía, y en séptimo lugar se sitúan la Iglesia Católica, con 3,56; el Consejo General del Poder Judicial, con 3,52; el Tribunal Constitucional, con 3,51; el Gobierno de su comunidad autónoma, con 3,09; el Parlamento de su comunidad, con 2,96; las organizaciones empresariales, con 2,87; el Parlamento, con 2,53; los sindicatos, con 2,45; el Gobierno, con 2,42, y los partidos políticos, que con un 1,83 ocupan el último lugar del ránking valoración de 15 instituciones.